Falsos pensionistas
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dado a conocer el dato de que 200.000 personas en España han cometido fraude por disponer de tarjeta sanitaria de pensionista cuando en realidad son trabajadores en activo. Como si el dato en sí mismo no fuera una bofetada a todos los españoles, ha afirmado que, para poner en marcha el copago farmacéutico el próximo 1 de julio, se han detectado 600.000 tarjetas sanitarias más que se debían a “errores”, no a fraude. La suma de tarjetas erróneas y fraudulentas, 800.000 tarjetas, ofrece un claro panorama de ineficacia administrativa, trapicheo y picaresca que en nada contribuye a que seamos un país fiable.
Deliberadamente, no he querido investigar estos datos, sino simplemente recoger la perplejidad, el escándalo y la incomprensión que estos datos han generado en los españoles. Entre sorprendidos e indignados, todavía no se ha dado una explicación convincente, porque los interrogantes no son pocos.
Todos defendemos a los pensionistas, porque son personas que han dedicado su vida a sacar adelante lo que ahora tenemos. Comprendemos y valoramos los descuentos en viajes, fármacos y un largo etcétera. Tienen derecho a una vejez sosegada y, de hecho, toda medida política de incremento de impuestos o de coste de servicios se plantea una especial consideración hacia los pensionistas, con independencia de que luego la medida aprobada sea aceptable, rechazable o de dudosa equidad.
La ministra debe aclarar lo que no se entiende en la calle. Si 200.000 ciudadanos han cometido un fraude, ¿qué y quiénes han fallado? Porque si tantos defraudan es porque es fácil defraudar. No es convincente la explicación de que, al “cruzar” datos de Hacienda con Sanidad, ha aflorado ese fraude. Hace años que se podía haber efectuado ese “cruce”, sin esperar a la puesta en marcha del copago farmacéutico.
Cuando se habla de modernizar la Administración en su conjunto, es evidente que las nuevas tecnologías permiten –hace ya años- “cruzar” datos y poner orden en las diversas áreas de la gestión pública. No es un esfuerzo ímprobo, sino exigible en todo momento, porque anda en juego el buen hacer, la equidad, la solidaridad y ganarnos un prestigio internacional que ahora no tenemos, y que no podemos camuflar como resultado de los especuladores mundiales. España no es Uganda ni Grecia, pero es España, es decir, un país donde el rigor y la profesionalidad deben pasar a primera división.
Si ha habido un fraude, ¿quién es responsable? ¿cómo evitar en el futuro casos semejantes? Y exigimos que los defraudadores devuelvan o sean sancionados, y que se nos informe. Este dato no puede quedar en un error sin más. Mato debe mojarse.
