Seísmos inducidos por el almacén Castor
El almacén de gas Castor, en la costa de Vinaroz (Castellón), está paralizado. 700 seísmos en pocas semanas justifica sobradamente esa decisión, y han llevado a que ciudadanos de la zona y autoridades pidan que se cierre definitivamente Castor.
El Ministerio de Industria ha dicho que, en pocas semanas, estarán finalizados los estudios necesarios para determinar si el almacén de gas es la causa de los seísmos, o de su intensidad, que en algunos casos ha sido preocupante para los vecinos. Hasta que no funcionó el almacén de gas, no había seísmos; una vez paralizado, tampoco los hay: por tanto, parece evidente que existe una relación causa-efecto entre el almacén de gas y los seísmos.
En una reciente conferencia organizada por el Aula Isabel Ferrer, en Castellón, el geógrafo Javier Soriano ha sido contundente: el Castor ha elegido una ubicación nefasta, porque en esa zona hay fallas activas y porque en la costa confluyen sistemas montañosos que pueden agrandar los seísmos. Soriano apostillaba: en el caso del Castor, “se da una sismicidad inducida por la actividad humana”.
El mencionado geógrafo ha lamentado que, existiendo esos datos – conocidos por el Instituto Geológico y Minero, comprobados por un estudio de la Universidad Pompeu Fabra-, el gobierno de turno – Zapatero- autorizara ese almacén, ignorando informes existentes o no solicitando informes que eran convenientes.
Ahora están estudiando en el Ministerio lo que tenían que haber estudiando con el máximo rigor hace años, antes de autorizar su funcionamiento. La conclusión no parece admitir dudas a estas alturas, pero es lamentable que semejante irresponsabilidad del gobierno de turno nos conduzca a los ciudadanos a pagar esa inversión costosísima, porque el final de la historia se ve venir: cierre definitivo y a pagar el Gobierno, es decir, todos los ciudadanos.
Hay que denunciar este modo de gobernar por los políticos de turno, que con demasiada frecuencia toman decisiones sin los pertinentes estudios o informes de los científicos, y optan por lo que puede dar más votos inmediatos o por “pagar favores” de dudosa justificación.
El uso electoralista o caprichoso de las arcas públicas, ya sea en el caso del Castor o en el trazado del AVE, sólo puede atajarse de una manera: que los gobernantes sean responsables de sus decisiones, en el máximo sentido de esa palabra – es decir, con responsabilidad civil y penal-, de manera que la imprudencia manifiesta e incluso dolosa les cueste dinero, como sucede con cualquier profesional.
Los gobernantes son elegidos por los ciudadanos, tienen unos deberes ante la sociedad. No se les entrega un cheque en blanco, sino un cheque para una administración responsable, de la que han de rendir cuentas no sólo en las urnas cada cuatro años, sino también con su dinero si es el caso. Tienen, por tanto, una obligación mayor que otros profesionales, pues los ciudadanos depositan en ellos su confianza. Otro modo de gobernar es posible, deseable y necesario: además, ahuentaría de las listas a los frívolos o incompetentes, que ya de por sí sería un gran bien para la sociedad.
