Opinión

Pablo Iglesias y las residencias

Pablo Iglesias comparece en el Palacio de la Moncloa.
photo_camera Pablo Iglesias comparece en el Palacio de la Moncloa.

El silencio sobre los fallecidos en residencias de ancianos es atronador, insultante. Así como suena: no hay cifras “oficiales”. Increíble, pero cierto. Si no hay datos oficiales es porque la realidad no interesa darla a conocer.

No es que este Gobierno nos ofrezca precisamente fiabilidad con sus datos oficiales, sobre todo desde que apareció la pandemia, pero el hecho es que ni da datos. Los que tenemos, aproximados, los facilitan los centros territoriales de TVE, en contacto con las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales, está muy callado respecto a los fallecimientos de ancianos en residencias. Han fallecido por coronavirus 18.613 ancianos en residencias, públicas y privadas, que supone que dos de cada tres fallecidos – 27.778 - por el Covid-19 son ancianos en residencias. Es una tragedia sin ningún tipo de paliativos, que nos tiene a todos los españoles indignados, dolidos. No es para menos.

La excusa de Pablo Iglesias para no dar la cara sobre lo que ha pasado y se está haciendo en las residencias de la tercera edad es muy sencilla: que es competencia de las comunidades autónomas. También la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, y al menos da la cara el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Cuando una tragedia abarca a toda España, el ministro correspondiente tiene que dar la cara.

Sin embargo, la magnitud de la tragedia pone en evidencia a Iglesias: debería comparecer en rueda de prensa, y dar la cara, aportando datos y sometiéndose a preguntas libres de los periodistas, no censuradas. Tal vez es demasiado pedirle: que comparezca en rueda de prensa y se someta a las preguntas de los medios de comunicación. Mientras, estigmatizar a las privadas es la consigna.

Cuando Pablo Iglesias se refiere a lo que ha sucedido en las residencias, arremete contra las residencias privadas, acusándoles de corrupción. Ya sabemos que él aspira a eliminar toda iniciativa privada o de la sociedad civil, que el Estado provea todo, en los servicios sociales y en la educación. Sin embargo, sus prejuicios quedan continuamente en evidencia si se conocen los datos.

Le animo a que sea honrado y un poco valiente: que dé los datos de fallecidos en las residencias de ancianos en toda España, por comunidades autónomas y por provincias. Todos sabemos que serían, a su vez, datos incompletos, porque no se hacen tests ‘post mortem’ a los ancianos que fallecen en residencias. Hay provincias en que el 90% de los ancianos fallecidos en residencias han sido en residencias públicas.

Iglesias, una vez más, esquiva el problema, se deja llevar por prejuicios ideológicos y no cumple con el primer deber de un gobernante, que es asumir su tarea como un deber con los ciudadanos, que trae consigo una mínima transparencia.

Además, Iglesias no da la cara porque la realidad es más dolorosa de lo que se dice, y porque no se ha protegido adecuadamente a trabajadores de esos centros ni a ancianos.

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