Verdades y mentiras sobre las residencias
El pasado 16 de abril publiqué el artículo “Tragedia en las residencias de mayores”. Facilité mi dirección de correo electrónico (javierarnal2002@yahoo.es), para que los lectores que lo desearan se implicaran a dar a conocer lo que ha sucedido, y entre todos pudiéramos arrojar luces ante la magnitud de la tragedia, que ha sido mucho mayor desde esa fecha, y para evitar tragedias en el futuro.
La respuesta de los lectores ha sido considerable. He recibido correos, he hablado con familiares de ancianos fallecidos en residencias, con directores de residencias. La variedad de aportaciones permite una visión más completa de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que puede pasar si no se ponen remedios.
Muchos expresan indignación contra Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y responsable de Servicios Sociales. Se ha limitado a quitarse de encima responsabilidades, atribuyéndolas a los gobiernos autonómicos – con especial “dureza” contra el de la Comunidad de Madrid – y achacando todos los males a los gobiernos anteriores, que para él sólo han sido los del PP, como si el PSOE no hubiera gobernado años en este país.
Pablo Iglesias insiste en que haya una red pública de residencias, como en todo lo relativo a los servicios sociales. Es un “a priori” ideológico, que no basa en datos y que transmite un rechazo hacia las residencias privadas, que son la mayoría de las residencias de mayores en España.
Si Iglesias aportara el dato de cuántos han fallecido en residencias públicas y en privadas, atendiendo a la proporcionalidad de una mayoría de privadas, haría un ejercicio de honradez sin sectarismo. La mayoría de los fallecidos en residencias de mayores en provincias como Teruel o Castellón son ¡en públicas!
Sigamos con las falacias. Las residencias de titularidad pública, en ocasiones, están gestionadas por una entidad privada. Y el contrato de gestión se acaba de renovar ahora, tras la pandemia, en una de ellas ¿Por qué, si hay tanta fe en las públicas y tanto desdén por parte de ciertos gobernantes hacia las privadas? Por ahorrar costes laborales, pues los salarios son menores en la gestión privada. O porque se reconoce que gestiona mejor una entidad privada, aunque públicamente se diga otra cosa.
De las más de 5.457 residencias en España, ha habido unas cuantas que no han tenido fallecidos ni contagios. Han fallecido 19.433 hasta la fecha, según datos de las comunidades autónomas. Según el ministro Salvador Illa y Fernando Simón, no se sabe con precisión el dato: cuentan como quieren, sin tener en cuenta las indicaciones de la OMS, y nadie se cree las cifras oficiales del Gobierno.
Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera responsable de las residencias, no solamente está muda ante la tragedia. Va a traspasar a la Consellería de Sanidad lo relativo a las residencias de mayores. Es lo que se dice “quitarse del medio” ante lo que puede venir.
No es casualidad. Las residencias que no han tenido contagios ni fallecidos tomaron medidas, muchas de ellas, antes de decretarse el Estado de Alarma: el sentido profesional y el sentido común les llevó a adelantarse, porque había datos sobradamente de lo que se avecinaba en las residencias de ancianos.
Me aportan el dato de que los famosos “tests” se han pasado en una residencia, a los ancianos y a los trabajadores, ¡en mayo! Se puede hacer peor, pero es difícil.
Mario Vargas Llosa ha publicado un artículo en “El País” titulado “El ejemplo uruguayo” ante la pandemia. En ese país ha habido 23 muertos por coronavirus. Pero para Pablo Iglesias no sirve el ejemplo uruguayo, porque gobierna un conservador, el presidente Luis Lacalle, que actuó con rapidez en las residencias de mayores y en otros ámbitos, pasando rápidamente los “tests” a trabajadores y ancianos. No le sirve de ejemplo a Iglesias, abonado al populismo “progre” que renuncia al rigor.
No agotemos el tema: escribiré más sobre esta tragedia. Mientras, ya hay querellas y habrá más, por las noticias que me llegan.
