Yo estoy a favor de los aforamientos
Pedro Sánchez abrió la semana pasada el debate. Ciudadanos llevaba tiempo pidiendo este cambio y ahora el PSOE se suma a la ola. Queda muy güay, lo admito. Fuera privilegios, fuera barreras de protección tras las que se pueden parapetar los pillos para cometer sus fechorías.
Que la justicia trate a todos por igual: es de sentido común. Sí, pero no. Me explico.
Detrás de la figura del aforamiento hay un sabio proceder. Esta peculiar situación jurídica permite que determinadas personas tengan un amparo jurídico distinto que el resto de los ciudadanos por su condición personal, por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan.
Concretamente, los aforados no son juzgados por los tribunales ordinarios, por aquellos que les correspondería normalmente. Sino por magistrados de especial cualificación, como el Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de cada autonomía.
En España gozan de este privilegio 250.000 personas. Es un récord europeo. Parece mucho. Pero esta cifra tiene truco. Porque 232.000 son policías nacionales, agentes autonómicos y guardias civiles.
Pedro Sánchez aclaró, al poco de anunciar la reforma constitucional en la que incluiría este cambio, que su intención era acotar esta prerrogativa: el aforamiento se mantendría para los delitos cometidos “en el ejercicio estricto de su cargo” y se retirará en los demás.
Yo entiendo el aforamiento como una especial protección para aquellos que han recibido un especial encargo por parte del Estado. Los aforados sirven al país detentando un poder extraordinario: crear leyes, perseguir delincuentes, impartir justicia, llevar pistola, actuar como fiscales… Por lo tanto, si alguien logra corromperlos o influir sobre ellos el daño para la sociedad es especialmente grave.
Me referiré a dos ejemplos concretos que muestran por qué esta figura me parece especialmente conveniente:
a) En el entorno de Pablo Casado explican que detrás del proceso por su Máster hay una persona despechada. Un miembro de la carrera judicial era bastante amigo del ex ministro Rafael Catalá pero quedó muy dolido por no ser recompensado, pasado el tiempo, con un cargo sustancioso. La venganza habría sido emprenderla contra el líder ‘popular’ sin base suficiente, como acaba de apuntar la Fiscalía.
b) Viví varios años en Italia y regresé a España con una idea de lo que sucede en aquel país. En la derecha. En la izquierda. En la judicatura. En la industria. En la administración del Estado. En la educación. En los medios de comunicación. Me llamó mucho la atención la politización tan grande que existía en la justicia de aquel país. La izquierda dedicó muchos años a infiltrar de correligionarios el poder judicial. Es algo público y notorio. Jueces y magistrados son allí completamente de partido. Montaron procesos obscenos, sin excesiva base jurídica, para cambiar la vida política nacional.
Por todo lo dicho, yo estoy a favor de los aforamientos. Busquemos por otras vías el modo de evitar la corrupción entre políticos, jueces, policías, guardias civiles, defensores del pueblo o fiscales.
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