Hablemos de las Diputaciones y de Europa
Vivimos tiempos en los que al estudio reposado y juicioso de cualquier asunto se ha superpuesto la idea del cambio por el cambio, sin importar demasiado en qué se base dicha alteración, o si cuenta con elementos lo suficientemente sólidos. En el terreno académico, ésta extendida forma de pensar social ha calado también, en formato de trabajos influenciados por criterios políticos de uno u otro signo, y superficiales en grado extremo. En lugar de acudir a la ciencia y extraer de sus esencias las conclusiones que mejor pueden resultar para el porvenir, sean del tinte ideológico que sean, hoy se prefieren edificar construcciones teóricas a partir de una suerte de prius partitocrático que, por eso mismo, carece de la necesaria visión de conjunto sobre toda cuestión a examinar.
Los antecedentes de las Diputaciones Provinciales no solamente cuentan con hitos sobresalientes, sino que -como recogieran en su día Colmeiro y Ortega y Gasset-, llegarían a suponer para los españoles su principal figura institucional, aquella a la que vincularían su pertenencia territorial, lo que constituye el origen del sentimiento regional que hoy se pregona en diversas zonas de España.
En lo referido a la regulación actual, la utilidad de las Diputaciones como ente local intermedio no se proyecta solamente a efectos electorales, sino en especial como entes coordinadores de servicios municipales, lo cual conecta directamente con una de las mayores censuras que hoy merece esta figura: la del gasto innecesario de dinero público que supone. Tal cuestión no es así, sino justo lo contrario: las tareas de cooperación a desempeñar por las Diputaciones, reforzadas por cierto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pueden y deben entrañar un ahorro significativo de los presupuestos municipales e incluso de las Comunidades Autónomas, al coordinarse múltiples actividades públicas que consumen recursos considerables a través de las Diputaciones (medio ambiente, gestión del agua, residuos, seguridad, turismo, movilidad económica, administración electrónica, participación ciudadana, tecnologías de la información y la comunicación, entre un largo etcétera).
El futuro comunitario, además, alumbra a las Diputaciones un porvenir despejado, al concebirse en los documentos de la Unión como la Administración local intermedia más adecuada para implementar las políticas europeas. Así se refleja en el Libro Blanco de Gobernanza Multinivel o en las Estrategias de gobierno abierto de Europa 2020, en donde se prevén los nuevos modelos de gestión pública para reforzar la eficacia municipal. En dichos informes, se conciben las Diputaciones como auténticos ejes de la modernización de los municipios, a través de la progresiva eliminación de la burocracia, y contribuyendo a la construcción de smarts cities sostenibles, haciendo eficientes los recursos públicos al menor coste posible al compartirlos o coordinarlos entre entes locales canalizados por las Diputaciones.
Así pues, las Diputaciones no solamente cuentan con un pasado verdaderamente notable, sino que incluso desde Europa se conciben como entes locales intermedios que pueden contribuir en alto grado a las economías nacionales, controlando el dispendio anual que supone una planta de municipios tan considerable, de 8.114 en el caso de España.
¿Conocen estos datos quienes siguen manteniendo la supresión de las Diputaciones?...
