Felipe VI: Primer lustro
En una nación tan compleja como esta, con vehemencia a flor de piel y en la que la hispanibundia de la que nos ilustra Wiesenthal sigue imperando en su cara más aciaga, contar con un jefe de Estado de las características de Felipe de Borbón constituye cierto alivio. Aunque a toda monarquía le cueste justificar en términos democráticos su continuidad y a pesar también del indudable atractivo de los modelos presidenciales comparados que reúnen en una misma persona a quien gobierna y encarna la soberanía popular tras unos comicios, ha de reconocerse que el primer quinquenio del reinado de Felipe VI ha logrado eclipsar el sempiterno debate sobre nuestra forma de Estado.
Desde el 19 de junio de 2014 hasta hoy, se han sucedido en España acontecimientos que la historia se encargará de recordar como singularmente convulsos. Han sido años de dificultades sociopolíticas y económicas de abrigo, acaso las peores desde la restauración de la democracia. A una persistente crisis han seguido sacudidas recias a la propia integridad nacional, además de una permanente inestabilidad política que ha encadenado períodos de ejecutivos en funciones y sucesivas contiendas electorales, mociones de censura incluidas. Moderar y arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones, que es la labor que nuestra ley de leyes reserva al titular de la Corona, ha sido durante este tiempo un desafío monumental.
Las impecables maneras del soberano -lo esperable en cualquier líder cabal y maduro-, han ido de la mano de intervenciones públicas comprometidas, como la insuperable del 3 de octubre de 2017 sobre unos lamentables sucesos que acaban de ser juzgados ante el Tribunal Supremo. Para muchos, entre los que me cuento, ese día se ganó el trono, dando muestras de una serena autoridad y de esa sólida formación jurídica adquirida en su época universitaria de los maestros del derecho español contemporáneo, bajo la batuta del insigne mercantilista asturiano Aurelio Menéndez, de imborrable recuerdo.
En los últimos meses, diversos medios han publicado encuestas sobre la valoración que los españoles otorgamos a la monarquía parlamentaria personificada por este equilibrado militar y jurista. Tres de cada cuatro ciudadanos aplauden su tarea, alcanzando cifras muy elevadas las que reconocen su cometido en las relaciones internacionales, precisamente una de sus especialidades académicas. Estos resultados se producen, por cierto, en un contexto hostil al monarca en determinadas regiones envenenadas por un suicida secesionismo totalitario y pese a los episodios penales que han afectado a su propia familia, lo que corrobora que estamos ante un rey bien considerado hasta por aquellos que seguimos teniendo problemas para comprender que una jefatura de Estado pueda heredarse como si de una finca se tratara.
Tal vez el mayor reto venga dado ahora por el distanciamiento creciente de las nuevas generaciones hacia el hecho monárquico, que igualmente reflejan esas investigaciones sociológicas. Sin embargo, se observa a medida que avanza la pirámide de edad un grado de aceptación superior, lo que no pasaría si el monarca fuera una calamidad o no estuviera a la altura, cosa que no parece suceder con Felipe de Borbón y Grecia.
Montesquieu consideró al principado hereditario un razonable sistema siempre y cuando lo regentara alguien apropiado. Quizá estemos ya cerca de esa coyuntura, por lo que habrá que dejar para mejor ocasión la discusión entre galgos o podencos, aprovechando para centrarnos en otros asuntos más graves y acuciantes.
Javier Junceda.
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