Grafitispaña
Quienes consideran que las pintadas callejeras son una excelsa manifestación cultural digna de respeto y apoyo, harán bien en disfrutarlas en sus propias casas, puertas adentro. Lo que seguro que no comparten, si son personas razonables, es que los demás debamos someternos a esa dictadura estética, y significativamente en los portales o tapias de nuestras propiedades, en las persianas de nuestros comercios, o en el dominio público por el que circulamos. Los que quieran gozar a tope del aerosol, que lo hagan a su entero gusto, pero sin hacernos pasar a todos por ese tormento, que hasta el Código Penal considera perseguible.
En los últimos años, quizá como consecuencia de ese despiste relativista en que estamos instalados, se ha venido haciendo la vista gorda a este dichoso fenómeno, en especial en las urbes y en las infraestructuras. En una nación que vive del turismo -la segunda del planeta en viajeros recibidos cada año-, se tolera aún que el transporte, las avenidas y las carreteras sean a diario víctimas de eso que las normas denominan delicadamente “deslucimiento de bienes”, y que se traduce en innumerables vagones de ferrocarril, apeaderos y estaciones pintarrajeadas con garabatos, en marquesinas de autobús literalmente embadurnadas de colorines sin ton ni son, o en señales, paneles y pantallas acústicas de las autopistas ensuciadas con esa intención “artística”. Solo Renfe destina cada ejercicio más de quince millones de euros a limpiar estas sublimes piezas del talento juvenil, que equivalen al precio de tres nuevos trenes de cercanías.
A la vista de esta deplorable situación, y del limitado saldo de eficacia que hasta ahora han arrojado las herramientas sancionadoras, acaso debamos insistir en las que apuntan a la responsabilidad solidaria de los padres de estos impunes adolescentes grafiteros -que tan buenos resultados nos ha dado en otros asuntos-, así como en la obligación personal de los que sean mayores de edad de restaurar lo que han dañado, en concepto de trabajos en beneficio de la comunidad. El resarcimiento económico no resulta siempre útil para reparar este vandalismo en bienes particulares, por la frecuente insolvencia de estos ocurrentes creadores contemporáneos, lo que conduce a tener que costearse por los propios perjudicados o sus seguros, como si sobrara el dinero.
El exquisito mantenimiento del ornato público distingue a una nación desarrollada de la que no lo es, como comprobamos cuando viajamos por el mundo. Y no se me oponga que en ciertos países occidentales los grafitis también abundan, porque ello no hace sino confirmar lo que digo. En España, al menos desde 1590, consta la institucionalización de estas materias, en torno a la Junta de Policía y Ornato Público de Felipe II, hoy plasmadas en el deber de conservación que exigen las leyes urbanísticas y de régimen local. Por eso, llama poderosamente la atención la condescendencia con que aquí abordamos estas cuestiones, que constituyen una notoria ofensa a nuestro gran patrimonio inmobiliario colectivo, público y privado, que merece el máximo respeto.
Ahora que no faltan cámaras de videovigilancia por doquier, y que por eso se pueden identificar con más facilidad a los espontáneos autores de estos grabados en paredes ajenas y sin previo encargo, pongámoslos manos a la obra para que lo dejen todo como se lo encontraron, o que sus familias se encarguen de sufragarlo de sus propios bolsillos.
Y luego, que pinten sus vistosos murales o lo que les venga en gana en sus cuartos de estar.
