Opinión

Jauja

Empeñado en erradicar un poblado de chabolas en su municipio, un bienintencionado alcalde comenzó a mendigar apoyos por los despachos, consiguiendo una generosa subvención prevista para estos asuntos. Tras ponerse manos a la obra, aquellos sucios barracones se transformaron de la noche a la mañana en hermosos chalés adosados, con amplios ventanales oscilobatientes de marca danesa y fibra óptica de última generación. Entregados los hogares a sus nuevos moradores en una ceremonia con canapés y cámaras de televisión, el regidor se sintió ese día el hombre más feliz de la tierra.

Meses después, aquella gran ilusión se tornó en un chasco monumental. Tras ser informado de que las casas habían sido abandonadas, el edil se personó en ellas para comprobar de primera mano la desaparición de puertas y claraboyas, del cableado y la instalación eléctrica, que se habían arrancado para venderse como chatarra. Los únicos que pasaban por aquellas anheladas viviendas eran los toxicómanos, que podían envenenarse allí un poco más pagando un módico precio a los desaprensivos beneficiarios de estas espléndidas ayudas. 

Profundamente contrariado, convocó entonces un encuentro urgente con los adjudicatarios de los inmuebles, que habían vuelto a montar al lado las mismas barracas que el ayuntamiento pretendía eliminar. “Mire, señor alcalde, a nosotros nos gusta vivir de otra manera, y no queremos hacerlo como ustedes nos obligan, metiéndonos ahí dentro, aunque se esté muy bien”, le dijeron. Aquellos millonarios recursos públicos destinados a paliar la situación de unos colectivos declarados oficialmente como vulnerables se habían topado de repente con la cruda realidad, impensable de imaginar cuando se decidieron aplicar a este concreto propósito.

Una historia por el estilo me la relató hace tiempo un cónsul honorario a quien conozco. Atendiendo a unos ciudadanos originarios del Estado al que representaba, estos le comentaron que, al margen de los subsidios que ingresaban cada mes de las administraciones españolas -y de la educación, sanidad y alojamiento gratuito con que se les proveía-, contaban el matrimonio y sus dos hijos mayores de edad con una furgoneta en la que hacían pequeños portes, y unos domicilios en los que dedicaban horas al servicio doméstico, todo ello cobrado en dinero negro, por supuesto. Sumando las cifras de la unidad familiar de los extranjeros sin papeles, al cónsul les salían unas rentas superiores a las suyas, y eso que se trataba de alguien con economía saneada, producto de su profesión liberal. 

En el país del pícaro, hemos de hilar muy fino cuando se nos llena la boca al hablar de políticas sociales. Estos dos simples ejemplos basados en hechos reales constituyen una pequeña muestra del cuidado extremo que debe dispensarse al destino del presupuesto reservado para estas cuestiones, que nunca debiera posibilitar ventajas inmerecidas a quienes pueden ganarse las lentejas por sí mismos, sino circunscribirse estrictamente a aquellos que padecen contrastadas penurias imposibles de superar sin ese indispensable soporte. 

Una nación en la que el número de estos subsidiados sin justificación crezca en proporción inversa a los que producen por sus propios medios, es inviable, además de un infierno en términos de justicia. Por eso, resulta imprescindible afianzar la idea de que no hay mejor política social que una buena política económica, que permita a cualquiera salir adelante con su esfuerzo. Esa floresta ideológica que sigue empecinándose en el igualitario pan para todos nunca explica de dónde saldrá tanta levadura, porque detrás de esa primorosa Arcadia feliz, que encandila a tantísimos incluso en los insoportables terrenos de la superficialidad moral, siempre hay alguien que paga la fiesta tras dejarse la piel para sostener a los suyos y pagar altos impuestos, sufriendo además el correspondiente sambenito de insolidario por limitarse a levantar la persiana cada madrugada.

El enorme celo que se practica en la recaudación fiscal tiene sin duda que proyectarse, con idéntico esmero, sobre la rigurosa aplicación de esos fondos. Y, en estas cuestiones sociales, mucho más, porque no tiene un pase el despilfarro de bienes que acaban en manos de jetas que logran vivir del cuento y encima se las dan de ofendiditos del sistema, como si les debiéramos algo. Hasta ahí podíamos llegar, que encima de tener que mantenerlos con nuestros sudores haya que pedirles perdón.

Es inaplazable definir con mayor meticulosidad a los que han de ser asistidos convenientemente por la solidaridad que sale del bolsillo de cada español, asegurándoles unas prestaciones suficientes para paliar sus necesidades más perentorias, pero dejando fuera a esa colección de odiosos aprovechateguis que nos gorronean a diario y que deben pensar que esto es jauja. 

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