El Gobierno maltrata a los periodistas, pero no pasa nada
El Club Internacional de Prensa (CIP), la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericanos (ACPI), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE), y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), se quedan en la calle.
Utilizaban desde hace una década el Centro de Prensa habilitado por Presidencia del Gobierno en la calle María de Molina, donde, además de unas mínimas oficinas, contaban con espacio para ruedas de prensa, seminarios y reuniones como las que han venido celebrando estos años.
Moncloa les ha notificado que los locales ya no están disponibles, y que el 26 de diciembre tienen que desalojarlos. Las citadas asociaciones de periodistas deben abandonar las que han sido sus oficinas, y se quedan sin nada porque la Secretaría de Estado de Comunicación, de la que dependía la sede, no ha ofrecido alternativa alguna.
El Centro de Prensa, como lugar de encuentro entre los periodistas españoles y los corresponsales internacionales, existió incluso durante el franquismo, y ha continuado en la democracia, con todos los gobiernos, de cualquier signo. Hasta ahora. Son de recordar la sede de la calle Pinar y, después, en Monte Esquinza, de donde pasaron a María de Molina, siempre facilitadas por el Estado.
Prácticamente en todos los países de Europa existen centros de prensa parecidos a disposición de los profesionales, singularmente de los corresponsales extranjeros aunque no solo.
Así que este Gobierno se ha atrevido a tomar una medida traumática, contraria al desempeño de determinadas funciones periodísticas, y aquí no pasa nada. Lo mismo que no pasa nada cuando el Presidente reduce al mínimo sus comparecencias o limita las opciones de hacerle preguntas libremente.
Quizá estamos encadenando una suma de malas noticias para el periodismo libre. Como ha ocurrido con la inadmisible entrada de la policía en dos medios informativos de Palma, para incautar a los periodistas material de trabajo (teléfonos móviles, ordenadores, documentos), con lo que se echa por tierra la libertad de investigación y el secreto profesional.
Una invasión, por cierto, previa orden judicial, y que, encima, ha contado con el apoyo del fiscal. Corroborado por la Fiscalía General del Estado, que ha defendido su actuación. Y sin que el CGPJ y el ministerio de Justicia se hayan sentido concernidos.
Constituye un ataque como pocas veces se ha visto, que sin embargo no ha merecido ninguna crítica por parte de este Gobierno.
Y, todo hay que decirlo, tampoco es que haya habido un frente serio y amplio por parte de la profesión y de los medios. No ha existido una reacción proporcionada a la gravedad de la amenaza.
Y yo pregunto. Estas pasividades ¿tienen que ver con que se trata de actuaciones protagonizadas desde un Gobierno socialista?
Por cierto, hay que recordar igualmente que, gracias a los socialistas, desapareció el servicio médico de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y también sin que la mayoría de la profesión pestañeara.
¿Será que, cuando es la izquierda la que se atreve con los periodistas, la respuesta es la pasividad y el silencio?
Alguien podría opinar que lo que estoy practicando hoy es un ejercicio de corporativismo profesional. No lo creo. Lo que estoy haciendo es, en primer lugar, contar las cosas. Y, en segundo, tratar de proteger el trabajo de los periodistas. Y, con ello, defender también a toda la sociedad. Que se juega mucho en que su desempeño merezca las máximas garantías de libertad e independencia.
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