A Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas, por no haber aprobado aún la publicación de los patrimonios e intereses de los altos cargos, una promesa electoral de PSOE
El Partido Socialista se presentaba a las pasadas elecciones generales con una promesa en el bolsillo: la publicación en el Boletín Oficial del Estado del patrimonio e intereses de los altos cargos. La ‘famosa’ ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la Administración General del Estado entraba en vigor el 30 de abril del pasado año. No obstante, para su aplicación, debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. A partir de entonces, se crearía una subdirección general adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. Además, esta promesa electoral ha caído ‘en saco roto’. Si estos patrimonios e intereses de los altos cargos de la administración saliesen a la luz, podríamos comprobar, por ejemplo, las haciendas del presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, C. Corbacho, cuyo sueldo bruto alcanza los 144.200 euros. Guindilla a Elena Salgado, cuyo cartera asumiría todas las competencias de esta nueva ley que aún no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y que, previsiblemente, no se hará antes de que acabe la legislatura como han pronosticado los analistas políticos.
