Setenta millones de euros son muchos millones. Éste es el ahorro calculado por Esperanza Aguirre si consigue reducir el número de liberados sindicales y/o el crédito de horas del que gozan los mismos: al reincorporarse a su puesto de trabajo desaparecerían aquéllos que ahora desempeñan sus funciones y el liberado cobraría por los conceptos por los cuales tiene la condición de empleado público, y no por su labor dentro de su sindicato.

Setenta millones de razones para enfrentarse con los representantes de los trabajadores, a los que  la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce en su articulado una serie de derechos en el desempeño de sus funciones como sindicalista. Pero también están los Convenios, y por ahí es por dónde se les va a atacar.