Viviendas corruptibles

Mientras tantos bienes se han hecho cada vez más asequibles, adquirir en propiedad una vivienda digna se ha convertido en un problema difícil. Se construyen viviendas, pero muchas no están al alcance de buena parte de la población. El mercado de hogares en alquiler sigue siendo muy limitado. Se han visto que las medidas de la Ministra de la Vivienda, señora Trujillo, no han logrado abaratar ni los precios de los alquileres ni los de compra de inmuebles urbanos. En lo que llevamos de legislatura la eficacia de la “colocada” en el Gobierno, por el cupo extremeño, brilla por su ausencia. Pero tampoco debemos olvidar que la mayoría de las competencias en esta materia son de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pues que cada palo aguante su vela.   En la sociedad española existe una persistente inquietud por todos los asuntos que hacen referencia a la edificación. Lo que no es extraño, si se considera que el precio del suelo urbanizado y el de la vivienda, son de los más caros de Europa. Ello hace dificultoso la compra de vivienda a los españoles, sobre todo para familias de escasas rentas o jóvenes. Como siempre, les toca pagar el pato a los más desfavorecidos económicamente hablando.   La Constitución española reconoce que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Pero, como en todos los derechos humanos de contenido económico, una cosa es tener derecho y otra poder ejercerlo.    En un bien tan esencial, como la vivienda, su encarecimiento constituye un grave problema para los compradores, porque deben invertir en su adquisición una gran parte de sus rentas durante un largo período de tiempo. Lógicamente, este hecho tiene para muchas familias importantes consecuencias, como la alteración del modo de vida, la reducción inmediata de sus posibilidades de adquisición de otros bienes o servicios, o incluso la reducción del número de hijos.   Los precios de la vivienda, han cursado una importante alza. Gran parte, de este incremento, se debe al elevado coste del suelo. El acceso a la vivienda en propiedad -medido por la relación entre precio e ingresos familiares- es delicado, en un porcentaje muy alto de casos. Además, no se puede olvidar que la financiación, de la mayoría de las operaciones, la proporcionan los créditos hipotecarios, con intereses no tan bajos al día de hoy.   Impedir la especulación sobre el suelo, que ha sido enorme en estos años, aunque de manera desigual según las diferentes ciudades, depende, entre otros factores, de que todo lo relacionado con el urbanismo se haga conforme a Derecho y en base a unos buenos principios éticos. Por tanto, que se impidan las recalificaciones interesadas o la construcción en cualquier tipo de suelo, independientemente de su calificación en los planes de ordenación territorial o el presunto cambio de uso de terrenos para beneficios de intereses cuando menos oscuros, como muy bien describía, entre otras cosas, el Sr. Marcos González Sedano.   Autoridades competentes: imposibiliten la especulación y la delincuencia en el urbanismo. Que se haga justicia con los desenmascarados y presuntos implicados en la operación Malaya. Pero no sólo en Marbella y Costa del Sol, también en el resto de Andalucía y demás territorios de España. Que así sea.