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Los diputados aragoneses legislan en su propio beneficio

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Hace algún tiempo dediqué un artículo al asunto, titulado “Soy súbdito pero quiero ser ciudadano (a propósito de las Cortes de Aragón”). Puede verse en mi web Navegando Contracorriente, en donde figura como el segundo más popular, es decir, de los más visitados.

El asunto se refiere a determinadas pensiones de cesantía que los diputados decidieron otorgarse a sí mismos, para cuándo dejasen de serlo, por no volver a figurar en las listas, no salir electos, o lo que fuere, que no iban a ponerse a trabajar después de estar varios años sin pegar ni golpe, y algunos incluso sin saber lo que es un trabajo de verdad.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, estimó que aunque a mí me guiaba el interés de defender la legalidad, que eso no era suficiente, puesto que carecía de legitimación, en otras palabras, que yo, contribuyente aragonés, no soy nadie, para poder impugnar en que se gasta –más bien se malgasta- nuestro dinero… ¡Curiosa forma de ver las cosas!

Pero como saben que soy un toca narices de cuidado, y que a la larga volvería con el asunto, dándole la vuelta a la tortilla, interponiendo la demanda a través de alguna asociación, para ver si así teníamos la legitimidad necesaria, etc., han optado por “blindar” sus privilegios, auto concedidos por ellos mismos, a través de un nuevo Reglamento de las Cortes de Aragón, que fue Aprobado en Sesión Plenaria celebrada el día 28 de junio de 2017, y en la que, estoy seguro, votarían todos a favor. Faltaría más, que con las cosas de comer no se juega…

Y los más fervientes defensores de estos privilegios, estoy seguro de que serían los podemistas, muchos de los cuáles no han trabajado ni un solo día de su vida, ni por cuenta propia ni ajena (salvo que por trabajar se entienda salir de juerga, ir a mítines y manifestaciones, etc.).

Pues bien, a lo que vamos: el artículo 28 regula los Derechos económicos de los Diputados, aunque en este caso más bien habría que hablar de los ex diputados, y dice lo siguiente:

“7. Hasta que en el convenio especial con la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo, los Diputados, al perder la condición de tales por extinción del mandato, podrán percibir una asignación económica de carácter temporal para su adaptación a la vida laboral o profesional… La duración y las condiciones de esta asignación se asimilarán en lo que resulte posible a la regulación general de la contingencia de desempleo...”. (BOA Núm. 138, del 20 de julio de 2017).

Como pueden ver, se publica en pleno verano, con “nocturnidad y alevosía”, para que se entere el mínimo de gente posible, que ya sabemos que los contribuyentes aragoneses no agradecen nada…

Debido a la presencia en las Cortes de Aragón de un número cada vez mayor de indigentes laborales, es decir, personas sin oficio ni beneficio, se arbitra un sistema de protección social para los mismos, de forma que puedan cotizar como si estuvieran realmente trabajando:

“Artículo 29. Derecho a la Seguridad Social.

2. Las Cortes de Aragón podrán realizar, con las entidades gestoras de la Seguridad Social, los convenios precisos… para afiliar, en el régimen que proceda, a los Diputados que así lo deseen y que con anterioridad no estuvieren dados de alta en la Seguridad Social”.

En otras palabras, la política como profesión, y ello a pesar de que la actividad parlamentaria dura solo varios meses al año, y a Dios gracias, ya que estos 17 parlamentos regionales solo sirven de pesebre para los directivos de los partidos políticos correspondientes…

De estar legislando todo el año, los aragoneses tendríamos que emigrar de nuestra tierra, pues ya se encargarían ellos de hacernos la vida imposible, creando problemas donde no los haya.

A grandes males, grandes remedios.

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