¿Hay libertad en Cataluña? En educación no
Según informaciones de agencia, la Conselleria de Educación de la Generalitat expulsará a los alumnos de familias que falsifiquen datos para conseguir una plaza.
Con la nueva norma de matriculación y preinscripción escolar de los centros públicos y concertados que se empezará a aplicar el próximo curso, la Generalitat endurecerá los castigos a los padres que pretenden conseguir más puntos, otorgados por la propia Conselleria y basados en una zonificación, en la asignación de una plaza. Puntos con los que la administración pretende distribuir a los alumnos y tener bajo su control todo el sistema educativo.
La falta de libertad de elección de centro es patente e incomprensible, puesto que no se entiende el diverso trato que desde la administración se pretende del alumnado. Por una parte, ante el alumnado nouvingut (hijos de emigrantes) o con necesidades educativas especiales se plantea la distribución de este alumnado en centros concertados sin tener en cuenta los criterios de escolarización vigentes para los demás alumnos, probablemente esto implica que se habrán de desplazar a zonas más o menos lejanas de su domicilio. Por otra parte se dificulta el crecimiento de aulas concertadas. Los padres que eligen un centro de estas características están dispuestos a hacer ciertos sacrificios (costearse el transporte y a madrugar lo que sea preciso, etc.) para que sus hijos reciban este tipo de educación.
La zonificación practicada es un criterio de control y no de libertad. La elección de centro es un derecho de los padres que la administración debe velar para que los padres puedan hacer uso de decidir libremente en la educación de sus hijos. En los criterios de matriculación se ha de considerar que la implicación en un proyecto educativo es más importante que la cercanía física de la vivienda o el control administrativo.
Todos los expertos en educación sabemos que el éxito escolar de cada alumno depende en gran medida de la comunicación del eje familia-escuela. La administración ha de ser sensible a esta realidad y pensar que cada plaza escolar es un niño y una familia: merecen ser consideradas sus razones. Desgraciadamente, la Generalitat no lo considera así.
