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La ley denominada “ley de la muerte digna”, aprobada por el Consejo de Gobierno Andaluz, traspasa, además de abrir la puerta a la eutanasia, algunos límites que hasta ahora eran impermeables a la voracidad invasora del Estado. Uno de ellos es el del ideario de los hospitales y residencias católicas, muchas de ellas de larga historia, que nacen de la iniciativa de atención a los enfermos.  

La exigencia del cumplimiento de esta normativa provocará una cascada de respuestas legales y éticas, entre las que hay que subrayar la objeción de conciencia. La respuesta de la Iglesia y de la conciencia cristiana no se ha hecho esperar. El Cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha reiterado, con acierto, que lo único digno es la vida y por ella hay que trabajar y luchar. La política al servicio de la vida es siempre la más eficaz.

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