Lunes 11/12/2017. Actualizado 13:42h

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La voz del lector

No sólo las medidas del 155 anunciadas

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Una vez que tenemos en el horizonte inmediato la aplicación tardía del 155, nos queda la detención de los golpistas. Hay que aplicar el Código Penal junto con las medidas administrativas de este artículo de la Constitución. No queda otra si se quiere ser legal, ya que se han cometido presuntamente delitos gravísimos como el de sedición, rebelión, malversación de dinero público, prevaricación, desobediencia y usurpación de funciones. El Estado de Derecho ha de ser implacable y no funcionar a medias.

Por tanto, no solo hay que sustituir a los miembros del aparato golpista, sino detenerlos, juzgarlos y encarcelarlos, si procede, durante los años que se contemplan en la legislación vigente, que son bastantes.

Por otro lado, se da a entender que unas nuevas elecciones en Cataluña solucionarían el problema. Parece que nadie piensa que puede salir otro gobierno anticonstitucionalista, si no se ilegalizan los partidos que apuestan por la secesión. Si no se lleva a cabo la ilegalización de dichos partidos, podría volver a salir un gobierno secesionista, porque llevamos cuatro décadas en Cataluña con ingenierías sociales que nos han llevado al terreno donde nos encontramos y siempre con el consentimiento de los gobiernos centrales.

Tendrá que pasar mucho tiempo para recuperar la legalidad en Cataluña. En seis meses no se puede recuperar una región fracturada socialmente cuyos dirigentes han hecho de la capa un sayo durante años. Aparte de las medidas administrativas anunciadas después del Consejo de Ministros extraordinario, el Estado habría de estar muy presente, durante el tiempo necesario, en los centros de enseñanza catalanes, ya que es aquí donde se inocula el odio a lo español deformando la historia. La mayoría de escuelas e institutos de Cataluña han sido una auténtica fábrica de separatistas. Se ha hecho,pues, un uso perverso de las competencias educativas. A esto habría que añadir el que la lengua de todos los españoles haya quedado en esta región como algo residual, a pesar de sentencias del Supremo de las que ha hecho oídos sordos la consejería de Educación de la Generalidad.

En relación con competencias, no habría que olvidar tampoco la supervisión o la recuperación por el Estado de Sanidad, Justicia e Interior sobre todo de esta última, ya que la seguridad ciudadana se encomendó a un cuerpo policial al servicio de la causa por parte de determinados miembros que deberían estar detenidos.

Así pues, que nadie se llame a engaño, ya que en unos meses no se puede arreglar el mal causado en varios decenios y la elecciones catalanas no son una panacea, ya que posiblemente salga de aquí otro gobierno rupturista a no ser que se ilegalicen los partidos que atentan contra la unidad de España.

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