Bruselas contra la visión del estado de derecho en Polonia

La incoación del proceso es legítima, aunque no presenta muchas posibilidades de concluir con una condena de Polonia, porque exige unanimidad en la decisión, y Viktor Orban anunció desde el primer momento que Hungría votaría en contra.

El caso ofrece muchas lecturas, que no excluyen una cierta vendetta del polaco Donald Tusk, al frente del Consejo europeo con el sorprendente voto en contra de Jaroslaw Kaczynski. Este es hoy el hombre fuerte de la derecha de su país, desde la presidencia del PiS (Derecho y Justicia).

En primer término, recuerda los debates de finales del siglo pasado sobre la universalidad de los derechos humanos. La tensión llevó a modificar el Consejo de la ONU con sede en Ginebra. A mi juicio, no ha contribuido a la aproximación de posturas, porque con frecuencia la presidencia ha recaído en los representantes de Estados no precisamente ejemplares en esta materia. Insistían en conferir a esas libertades básicas una identidad occidental o europea, no universal.

Con la caída de la URSS y del telón de acero, se ha comprobado también que los países de Europa oriental tendían a una aplicación de esos derechos con un carácter propio, en parte derivado de las exigencias de la transición del totalitarismo a la democracia. Esos momentos históricos –como se vivió en su día en España- exigen una especial mesura política, para evitar radicalismos. En este sentido, y a pesar de las críticas actuales, la Transición nuestra puede anotar en su haber la ausencia de partidos extremistas –por la derecha y por la izquierda-: esa radicalidad brota ahora paradójicamente en formaciones con líderes nacidos después de 1975.

En la pugna entre Varsovia y Bruselas reaparece con frecuencia el argumento de la historia, cada vez menos admisible. Sucede algo semejante con las referencias a Franco en España, para descalificar a adversarios políticos (con frecuencia nacidos también ya en la Transición). En Polonia se querría borrar todo resto del sistema judicial de cuño soviético, construido –en el siglo XX y aunque casi nadie se atreva a decirlo- con los principios básicos de la vieja inquisición. Pero, ciertamente, esto no justifica las injerencias del poder ejecutivo, que parece extralimitarse.

No se explica mucho la reacción de Bruselas, que admite televisiones públicas europeas –estatales o autonómicas- al servicio del partido en el poder. Por las noticias que me llegan, por ejemplo, la cadena pública polaca es más abierta que TV3. En todo caso, no tiene mucho remedio, mientras la UE acepte la concepción de la radio y la televisión como servicio público, que puede prestarse por la iniciativa privada, pero en régimen de concesión. Tampoco parece justo reprochar desde España a Polonia que los miembros del Consejo Supremo de la Magistratura sean elegidos por el parlamento. Basta pensar en la progresiva y nefasta politización de nuestro Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

El presidente polaco, Andrzej Duda, se negó a sancionar el pasado verano dos de las tres las leyes aprobadas por el parlamento, dominado por diputados de su propio partido (PiS). No ha sido suficiente para Bruselas la elaboración de unos textos más suaves, ni la sustitución al frente del gobierno de Beata Szydlo por el ministro de hacienda, Mateusz Morawiecki, de 49 años, conocido por su moderación en los diversos foros europeos; además, su biografía familiar y personal le vacuna contra toda dictadura.

Se ha concedido más importancia a la agitación popular que a la aritmética de los votos... Desde luego, la decisión de Bruselas exigirá mucha prudencia a Varsovia, para eliminar excesos en la aplicación de las nuevas leyes y evitar repercusiones económicas, que frenarían el desarrollo de Polonia, acelerado por su incorporación a la UE.

Los líderes de la derecha polaca, sospechosos para los criterios más bien laicistas de algunas instituciones comunitarias, conocen bien la opresión de los autoritarismos. Pero no aceptan el declive de la identidad cultural europea ni el invierno demográfico: plantean medidas a favor de la familia y la natalidad que chocan con mentalidades demasiado permisivas, y lamentan el difuso anticristianismo difuminado en críticas a la islamofobia. No cierran la puerta a los inmigrantes, pero rechazan que se les imponga un número superior a lo que consideran umbral sostenible de acuerdo con su situación social y económica.

El mayoritario PiS no es la formación autoritaria, xenófoba y euroescéptica con que se le presenta por estos pagos. Esos rasgos corresponden más quizá al Partido Liberal austriaco (FPÖ), que va a tener una participación decisiva en el nuevo gobierno de Austria, liderado por el jovencísimo canciller democristiano Sebastian Kurz (ÖVP). De momento, Bruselas no ha reaccionado, a pesar de que la situación ofrece teóricamente muchos más riesgos que la polaca.