Caso Apple: libertad y seguridad ante terrorismo y delincuencia
En cambio, como sucedió tras los atentados de Nueva York en 2001, se replantea la cuestión de limitar otras libertades en nombre de la seguridad. El caso es conocido: la negativa de Apple a una petición del FBI para desbloquear un iPhone, utilizado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad californiana. El famoso servicio federal de investigación pretende que la compañía tecnológica diseñe un programa que permita eliminar el sistema de seguridad instalado en el dispositivo, para borrar su contenido después de diez intentos de contraseñas fallidas. Una jueza federal ordenó a la empresa que atendiese la demanda de los agentes federales, pero Apple se niega a hacerlo. A su juicio, ceder a esa presión conduciría a un “estado policial”, porque sería el principio del fin de todo tipo de interferencias, en nombre de la lucha contra el terrorismo (o el narcotráfico, o el fraude fiscal). Están dispuestos a llevar el caso, si es preciso, hasta el Tribunal Supremo.
Lo explicó con cierto detalle el 23 de febrero el patrón de Appel, Tim Cook, en una de sus poco frecuentes entrevistas a medios de comunicación: una conversación de media hora con la cadena de televisión ABC News. A su entender, la petición oficial es “mala para América”, porque “el FBI pide una solución técnica que nos parece el equivalente de un cáncer”. Informó de que había puesto a varios de sus ingenieros a disposición de la policía federal para intentar conseguir las informaciones que buscan, pero utilizando otros medios, que no rompan de modo absoluto y general con la defensa de los derechos individuales de los usuarios de móviles de última gama. Aceptar la pretensión del FBI haría fácilmente vulnerables esos derechos, por la cantidad de informaciones personales que contienen los teléfonos actuales. Con argumento muy americano, insiste en que la empresa se debe a sus clientes. A la vez, señala su incomodidad personal por tener que combatir a su propio gobierno: “resulta una increíble ironía defender las libertades públicas, cuando esa es una de las misiones de todo gobierno”.
La novedad es la solidaridad que ha suscitado entre grandes firmas de Silicon Valley Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Amazon y Yahoo-, dispuestas a presentar mociones jurídicas en apoyo de Apple. Esto sucede en vísperas de una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para debatir posibles soluciones para lograr un equilibrio entre seguridad y vida privada.
Le tensión resulta inevitable si se tienen en cuenta las fabulosas capacidades incluidas en los nuevos dispositivos, tan beneficiosas en general, pero también susceptibles de ser empleadas para la comisión de todo tipo de crímenes. Se trata de estudiar cómo reducir ese riesgo, pero sin limitar las libertades ciudadanas. Más aún en una sociedad moderna, que cuenta cada vez con más normas dirigidas a la protección de datos.
De ahí que no falten voces, como la de The Washington Post, en línea de que el problema no se deje al albur de sentencias judiciales, en un sistema que concede tanta gran libertad de criterio al juez: requeriría quizá afrontar una nueva legislación con reglas claras para la sociedades tecnológicas y las autoridades administrativas y judiciales.
De hecho, está en marcha un proyecto interpartidista de crear una comisión nacional para estudiar los retos en seguridad y tecnología planteados en la era digital: sus miembros se elegirían entre las cabezas más brillantes del sector, del ámbito jurídico, de la informática y la criptografía; además de académicos, defensores activos de las libertades civiles y defensores de la privacidad; su cometido será encontrar vías creativas para proteger la seguridad, tanto la pública como la privada.
Como sucedió tras el 11-S, y acaba de comprobarse en Francia, la comisión de nuevos atentados puede favorecer un clima colectivo de miedo y determinar una deriva hacia la seguridad a costa de la libertad: un castigo, no a los criminales, sino al conjunto de ciudadanos pacíficos.
