Caso LuxLeaks: entre la tecnocracia, la ética y la estética

                        Estaba a punto de tomar posesión de su cargo como presidente de la Comisión europea, cuando Jean-Claude Juncker se vio profundamente salpicado por las informaciones sobre las prácticas fiscales de Luxemburgo favorables a importantes empresas multinacionales. No había pasado un mes en Bruselas, y debió enfrentarse a la primera moción de censura en el Parlamento europeo: la superó con los votos de los grupos que le habían dado la confianza, y en modo alguno deseaban abrir una crisis política en estos momentos de tantas dificultades económicas.

                        Juncker ha tenido la oportunidad de explicarse –y de comentar sus más inmediatos proyectos‑ en Le Monde, uno de los diarios internacionales que difundieron la información sobre el caso en cuestión. El titular que precede a una larga entrevista no puede ser más significativo de una mentalidad: “Luxemburgo no tenía otra opción, teníamos que diversificar nuestra economía”.

                        Ciertamente, el mundo ha cambiado mucho. En su día, cuando se constituyó el Benelux, desde el Gran Ducado se aportaba mucho en siderurgia, aunque no fuera quizá demasiado conocido por el  gran público. No tardaría en llegar la crisis de ese sector, y era lógico que los dirigentes buscasen alternativas. Pero eso no justifica –aun siendo todo legal‑ las prácticas diseñadas para atraer capitales extranjeros: se llegó a decir que Luxemburgo batía las marcas de entidades bancarias por metro cuadrado.

                        Nadie duda de la honorabilidad personal de Juncker, como tampoco de su capacidad de iniciativa, como acaba de comprobarse con el anuncio de un ambicioso plan de inversiones en la Unión Europea durante su mandato: hasta 315.000 millones de euros. Falta ahora comprobar si tendrá energía suficiente para enderezar las previsiones presupuestarias de países importantes –sobre todo, Francia e Italia‑, que se le alejan del pacto de estabilidad, con los consiguientes efectos negativos para la zona euro en momentos de crisis y de cierta recesión. De otra parte, necesitará de su gran espíritu de diálogo para superar los movimientos antieuropeos que bullen por todas partes, especialmente en Gran Bretaña.

                        Por lo demás, Juncker insiste en las razones históricas que llevaron a adoptar las medidas ahora suspendidas en Luxemburgo, en espera de la promulgación de nuevas leyes fiscales. Y parece dispuesto a impulsar resoluciones comunitarias que contribuyan a evitar la evasión y el fraude. De todos modos, resulta un tanto anómalo que ponga el énfasis en un principio que es justamente la antítesis de la situación luxemburguesa: “mi convicción íntima es que el país del beneficio debe ser el país del impuesto”. Pero no es fácil explicarlo desde el domicilio fiscal de compañías como AOL, Amazon, o sociedades tecnológicas de punta, que obtienen sus ganancias bien lejos del Gran Ducado. Por mucho que Juncker apele a la diversificación económica y al papel importante de su país en sectores como los de las telecomunicaciones o la biotecnología.

                        El presidente de la Comisión europea defendió en Brisbane el intercambio automático de datos fiscales. Y el comisario de economía, el francés Pierre Moscovici tiene el encargo de elaborar una directiva comunitaria, que promueva la máxima transparencia en la información. Entretanto, considera que Luxemburgo no tenía otra opción, aunque reconoce que debería haber examinado con más atención las tax rulings objeto de la polémica actual, que establecían el marco de los acuerdos fiscales entre las multinacionales y el Ducado. Habrá que esperar a las reformas en marcha, para comprobar si son compatibles con los criterios de la OCDE y los recientes acuerdos internacionales para intensificar la lucha contra el fraude.

                        En realidad, como se lee en Le Monde, LuxLeaks reveló sólo una pequeña parte de los acuerdos confidenciales otorgados a multinacionales estadounidenses y europeas: 340 rulings firmadas entre 2002 y 2010 a través del gabinete PricewaterhouseCoopers. Pero la práctica viene de los años noventa, y falta aún mucha información.

                        No basta con intentar ganar tiempo. Los dirigentes políticos –de modo particular los de la UE- tienen más responsabilidad. No todo comportamiento feo es delictivo. Aunque el común de los ciudadanos suele acertar al calificarlo con un neto adjetivo: “inmoral”. En parte, refleja enfado y simplificación, porque es larga la distancia entre la estética, la ética y la tipificación penal. Pero –así acaba de reconocerlo en la práctica la vocal dimisionaria del Consejo del Poder judicial español‑ no se pueden olvidar las exigencias radicales que comporta el ejercicio de una función pública: como la mujer del César, no basta serlo, hay que parecerlo.