EEUU seguirá violando el derecho a la intimidad con el espionaje masivo

No podíamos imaginar que esa ubicua policía del pensamiento –y de tantas conductas civiles‑ se diera años después en un país democrático como EEUU. Como tampoco que la neolengua sería utilizada por nuevas inquisiciones, como las practicadas por minorías extremistas que logran imponer criterios sobre derechos mayoritarios.

Lo cierto es que, tras incumplir las promesas sobre Guantánamo, Barack Obama puede asestar un nuevo golpe a derechos humanos básicos con el mantenimiento del espionaje masivo practicado por la agencia nacional de seguridad (NSA). Se pudo comprender en parte que la libertad se limitase en nombre de la seguridad en tiempos de George Bush, abrumado por la catástrofe del 11-S. Pero no se sostiene ya, aunque persistan amenazas para la paz.

El asunto no es nada pacífico, tampoco en EEUU. Está muy dividida la opinión sobre el hoy famoso asesor de la NSA Edward Snowden: como se sabe, se reparte entre los que le consideran un héroe de la libertad y quienes no están dispuestos a tolerar su traición a la patria. De hecho, el Congreso norteamericano acaba de aprobar la continuidad de los programas de espionaje masivo por sólo doce votos, dentro del debate sobre las dotaciones económicas para el Departamento de Defensa en 2014.

Como suele suceder en Washington –con envidiables criterios frente a la partitocracia que sufrimos en estos pagos-, hubo cierto trasiego de posturas entre las filas conservadoras y demócratas. La enmienda de un representante republicano de Michigan fue apoyada por los demócratas, mientras que otros muchos republicanos defendían la postura oficial.

Están en juego conceptos cívicos básicos, como la protección de la intimidad de ciudadanos no sujetos a investigaciones judiciales: la prioridad concedida a la seguridad, en nombre de los resultados obtenidos para salvar vidas humanas, al prevenir posibles atentados o delitos, puede quedar muy lejos de los criterios constitucionales americanos más clásicos. No todos aceptan la invocación del cui prodest, como si la lucha contra el terrorismo o la yihad islamista justificase todo.

En cambio, un comité del Senado aprobó por unanimidad la propuesta de imponer sanciones a cualquier país que ofrezca asilo a Snowden. Reclamado por la justicia americana, sigue en la zona internacional del aeropuerto de Moscú, en espera de ser recibido por algún Estado sin tratado de extradición con EEUU. También en este caso, la iniciativa partió de un senador republicano, dentro del Comité de Asignaciones que estudiaba el proyecto de ayudas internacionales para 2014: brillante modo de hacer el juego a Barack Obama.

Traigo aquí estas noticias sin ninguna motivación antiyanqui. Al contrario, Europa nunca agradecerá bastante la ayuda de EEUU, también en el ámbito de los derechos humanos. Esa gran nación se asienta en su mismo origen sobre las bases de la democracia, la igualdad y las libertades. Desde ese continente se ha contribuido eficazmente al avance de normas internacionales en defensa de la dignidad de la persona. Abundan allí los instrumentos jurídicos y las instituciones para proteger esos derechos básicos. Pero quizá desde la reintroducción de la pena de muerte en 1976, y de la más reciente obstinación contra el Tribunal penal internacional creado por el tratado de Roma de 1998, se está produciendo un retroceso, que, en ocasiones, se trata de imponer fuera del territorio norteamericano. Y eso en nada contribuye a su prestigio, ni a la paz y concordia universales.

Probablemente, la reforma en marcha sobre inmigración dará frutos positivos en este campo. Quizá el Congreso deba acelerar las soluciones para el cierre de Guantánamo. Pero no parece justo mantener el espionaje masivo universal, menos aún cuando se adoptan represalias contra los países que podrían conceder asilo a Edward Snowden.