Inseguridad y violencia en el mundo desarrollado
No voy a referirme al proyecto de reforma del Código penal español que acaba de ser aprobado por el Consejo de ministros para su remisión a las cámaras legislativas. Pero se sitúa en un inquietante contexto internacional: los gobiernos occidentales no consiguen frenar el incremento de la violencia y de la inseguridad ciudadanas. Acontecimientos de entidad acentúan la habitual alarma de la gente, y no siempre los líderes tienen la suficiente fortaleza para evitar el populismo con normas dictadas en el fragor del combate: esas leyes, no bien ponderadas, resultan efímeras y deben ser reformadas enseguida.
He elegido tres eventos recientes en el mundo occidental, tan preocupantes que han recibido comentarios editoriales en grandes diarios de referencia. Trato diverso merecen atentados islamistas brutales, como el que sufrían el domingo 22 los católicos de Pakistán, o antes, los compradores del centro comercial de Nairobi.
El día 19, Le Monde publicada este editorial: “El joyero de Niza, o la ley del talión digital”. Se refería a la reacción violenta de un comerciante, exasperado por robos anteriores, contra hombres armados que asaltaron su establecimiento, con el resultado de la muerte de una persona de 19 años, con un triste historial: fue sancionado o condenado catorce veces y había salido de la cárcel dos meses antes.
El joyero fue detenido y acusado de homicidio voluntario. Para el diario de París, el caso está revelando, a través de Internet y las redes sociales, el nivel de inquietud de la sociedad francesa ante la inseguridad: el mismo día de la detención, se creaba en Facebook una página de apoyo al joyero, que poco después había recibido casi dos millones de clics de aprobación (like). Al margen de actitudes políticas coyunturales, esta reacción ciudadana muestra la profunda insatisfacción ante el aumento de la violencia contra las personas, y la rabia ante la incapacidad de los poderes públicos para yugular esa lacra. La contrapartida es el riesgo de ir hacia la justicia emocional arcaica de mera e irracional venganza.
También The Washington Post reclamaba el 18 de septiembre leyes más racionales tras el último tiroteo que causó la muerte a doce trabajadores del Navy Yard de la capital americana. Como en ocasiones precedentes, se produce un auténtico shock social lleno de amargura, que da paso enseguida a manifestaciones de ira y recriminación: ¿cómo es posible –se pregunta el diario‑ que un reservista, con antecedentes de mala conducta, arrestos e infracciones por posesión ilegal de armas, pueda comprar otras y entrar sin más en una instalación militar?
Asparte de otras medidas de seguridad, más o menos prudentes y justificables, el editorialista remarca que el suceso debería acelerar los esfuerzos para promulgar nuevas leyes de armas. Al cabo, el autor de la matanza es una persona con varios encontronazos con la ley, pero pudo comprar un arma porque nunca fue condenado por un delito grave y sus problemas mentales –que aparecen en tantos casos recientes‑ no entraban en las restricciones impuestas por una ley federal de 1968. Pero sigue siendo muy difícil sortear los principios constitucionales de la legítima defensa (segunda enmienda), a los que se aferra con uñas y dientes la poderosa “asociación nacional del rifle”.
El tercer suceso viene de Grecia, donde la prolongada crisis económica, con una tasa de paro superior al 27%, provoca un serio incremento de las tensiones sociales. Hace unos días, un militante neonazi del movimiento “Amanecer dorado” (está en el parlamento desde junio de 2012, con 18 de los 300 escaños) asesinaba a un rapero antifascista de 34 años. En diversas ciudades, como Salónica, las manifestaciones de protesta degeneraron en enfrentamientos entre militantes de la extrema izquierda y fuerzas del orden, que utilizaron gases lacrimógenos contra los violentos. Aunque el movimiento como tal se desmarca de toda participación en el asesinato, se han producido ya demasiados incidentes contra los nostálgicos del comunismo: prueba de la radicalización del panorama político griego. Un reciente sondeo difundido por CNN considera que el partido neonazi representa hasta el 12% del electorado, lo que le convertiría en la tercera fuerza del país. No parece que la solución sea la ilegalización del partido, según apuntaron fuentes gubernamentales.
La solución, como mostró hasta la saciedad la “guerra contra el mal”, no está en más vigilancia, con disminución de las libertades. Aunque esté mal visto desde los criterios de lo políticamente impuesto, la clave discurre por un análisis profundo de las raíces culturales y éticas de la violencia en un mundo supuestamente civilizado.
