Leyes antiterroristas en Francia y Canadá limitan la libertad
Pero leyes recientes promulgadas en países occidentales –el debate contrasta con la sordina de la opinión española ante a mi juicio lamentables reformas jurídicas recientes , muestran que el miedo confirma la victoria de los violentos, al acallar o reducir exigencias clásicas de las libertad democráticas.
Al cabo, como en los tiempos de Múnich, la seguridad se subordina a la libertad. Y se renuncia –confiemos que temporalmente- a algunos derechos, con el deseo de avanzar en la lucha frente a los terroristas, que usan profusamente contra los ciudadanos el marco de garantías propio de Occidente.
Francia y Canadá son los últimos ejemplos de esa tendencia. En el país vecino la Asamblea Nacional acaba de legalizar actividades de vigilancia de las comunicaciones que venían realizando de tapadillo sus servicios de inteligencia. No han faltado diputados celosos de su libertad de voto. Pero el resultado es abrumador, para un país supuestamente modelo de la democracia moderna: 438 a favor de una ley liberticida, y sólo 86 en contra.
Se configura así un régimen policial, en el que los servicios secretos pueden ampliar demasiado arbitrariamente el control de las comunicaciones: teléfonos, automóviles, redes sociales, entradas y salidas de domicilios. Se trata de injerencias inaceptables en la vida privada: en nombre de la lucha contra el terrorismo, el gran enemigo de la libertad, se restringen las libertades. No parece coherente, salvo para el actual cortoplacismo de los partidos políticos dominantes.
La experiencia práctica podría discurrir en sentido contrario, en línea con la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 21 de abril: reconoce que las grandes operaciones de vigilancia masiva no han contribuido a prevenir ataques terroristas, frente a lo que afirman los servicios de inteligencia. Las advertencias de Edward Snowden sobre EEUU parecen haber caído en saco roto.
En cambio, según una reciente información de Le Monde, 9-5-2015, Alemania querría distanciarse del sistema dominante en Estados Unidos: Berlín dejaría de supervisar las redes de Internet en Europa, ya que América no justificaría sus peticiones. No está claro si la medida es temporal o permanente. Pero marca una línea de ruptura. La canciller Angela Merkel no desea que sus servicios de inteligencia realicen operaciones ilegales en favor de sus colegas estadounidenses. Esta información coincide en el tiempo con una sentencia de un tribunal federal americano: el gobierno de Estados Unidos ha desviado el sentido de la ley reguladora de la Agencia Nacional de Seguridad para controlar a los ciudadanos.
Coincide también con el proyecto de ley antiterrorista aprobado por la cámara baja del Parlamento de Canadá, que extiende los poderes de los servicios de inteligencia: podrán ejercer un control sin precedentes de Internet y participar en actividades de espionaje en el extranjero. Como suele suceder, se trata de normas elaboradas en caliente, en este caso, tras la amarga experiencia del tiroteo ante el parlamento de Ottawa hace seis meses. Y, como en España, cualquier intercambio de información con páginas sospechosas a través de Internet se convertirá en acto criminal, con independencia de la intención del usuario. Más de doscientos mil ciudadanos han firmado la petición de retirada de la ley, para evitar la transformación de los servicios de inteligencia en “policía secreta” anticonstitucional, por practicar una “vigilancia masiva” de los canadienses.
Ante el crecimiento del terrorismo, dirigido contra poblaciones civiles indefensas, la sociedad tiene el deber de reducir su vulnerabilidad utilizando los recursos científicos más avanzados. Pero se impone evitar la práctica de procedimientos completamente ajenos al estilo democrático de occidente.
