Macron tendrá mayoría parlamentaria para abordar las reformas laborales en Francia
Cito entre comillas, porque así responde al periodista de Le Monde (edición del 9 de junio). Pero prefiero siempre utilizar “relaciones laborales” o expresiones semejantes.
Sin duda, especialmente si se consolidan a favor del partido promovido por Emmanuel Macron los resultados de la primera vuelta, que le encaminan hacia la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en curso, el nuevo presidente podrá hacer la profunda reforma prometida, sin necesidad de recurrir, como tuvo que hacer François Hollande al expediente de la facultad constitucional francesa de legislar por decreto, a falta de una mayoría parlamentaria en asunto perentorio. Los ciudadanos no se podrán indignar ahora, como ante la ley El Khomri, pues aplicó ese método un gobierno no elegido para eso. Aunque tampoco hay razón para el triunfalismo, tras el récord histórico de una abstención del 51,29%.
No voy a repetir ideas –cada vez más conocidas- sobre los rasgos centrales de las promesas de Macron para dinamizar la república francesa, entre otros, en este campo decisivo del trabajo en las empresas. Más dificultades tendrá respecto de la también necesaria reforma administrativa en un país demasiado centralista y con un peso excesivo de lo público. El gran escollo seguirán siendo las fuertes centrales sindicales, cuya agresividad es inversamente proporcional al decreciente número de afiliados. Quizá por esto, a sus líderes se ha dirigido personalmente el inquilino del Elíseo desde el primer momento de su mandato. Entretanto el primer ministro Edouard Philippe y el de Trabajo, Muriel Pénicaud, presentaron el 6 de junio la "hoja de ruta" de sus medidas sociales, que subrayan la flexibilidad frente a la persistente rigidez. Los electores franceses saben a qué atenerse, también los abstencionistas.
Mucho se ha repetido que Macron tiene como gran punto de referencia la llamada flexiseguridad, nacida en los países escandinavos, que armoniza una gran protección social a los trabajadores con la capacidad de reorganizar las plantillas de las empresas, que incluye la relativa facilidad en el despido. De ahí el interés de la entrevista con la ministra sueca.
En los países del norte el Estado del bienestar se proyecta en la protección social y en la formación profesional, compatible con la efectiva responsabilidad personal de cada individuo. Las prestaciones por desempleo son generosas, pero decrecientes en el tiempo, para animar a los parados a encontrar trabajo. De modo semejante, los mayores se benefician de una reducción en el impuesto sobre la renta si continúan trabajando después de los 65 años, y las empresas que los emplean pagan menos tasas. No se trata tanto de medidas coactivas, como de fomento de la iniciativa, algo ciertamente necesario hoy en Francia, como en otros países del sur.
También en esa edición del diario Le Monde, algunos economistas señalaban el efecto negativo que podría tener la reforma: un aumento del desempleo. Pero, para la ministra sueca, ese argumento es válido sobre todo en tiempos de crisis: cuando se generaliza la recuperación económica, se crean puestos de trabajo. Por eso, la coyuntura sería hoy favorable para adoptar reformas estructurales.
No hay especial dificultad en aceptar la tesis de que el Estado debe proteger a los trabajadores, no los empleos. Pero para aplicar en Francia –o en España- el modelo, sería preciso antes –y no será fácil- admitir la necesidad del consenso entre los interlocutores sociales y de que el ambiente en los centros de trabajo no sea conflictivo. Son elementos decisivos –y envidiables- del modelo nórdico.
