Ministros europeos contra la aplicación de la pena de muerte
Suelo dar un vistazo los viernes a la referencia oficial de los consejos de ministros, por aquello de saber por dónde vienen los tiros. Y me hizo gracia hace más de una semana ver hasta dónde llegan las celebraciones oficiales de un calendario de fiestas civiles cada vez más apretado. El 4 de octubre, incluía un acuerdo de Presidencia que aprobaba la Declaración del Gobierno con motivo del día mundial y del día europeo contra la pena de muerte (10 de octubre).
Se cumplen ahora diez años de la primera celebración de ese día contra la pena capital, establecido como fruto de un amplio consenso. Además, para completar el calendario, los ministros de los países del Consejo de Europa decidieron en 2007 dedicar otra jornada a ese objetivo, el 26 de diciembre. Por si no fuera suficiente, la conocida Comunidad de San Egidio ‑que publica un excelente informe anual‑ propuso en 2002 dedicar otra jornada el 30 de noviembre. Sin duda, todos los esfuerzos son pocos para conseguir la abolición.
Pero no sabía que ese objetivo “es una prioridad de la política exterior de España en materia de derechos humanos”. Ni que nuestro país ha cumplido un papel destacado en la defensa de la abolición en foros internacionales (Unión Europea, Consejo de Europa, Naciones Unidas y OSCE). En concreto, se ocupará de la organización en Madrid del V Congreso mundial contra la pena de muerte del 12 al 15 de junio de 2013.
En la Declaración, el Gobierno "reitera su oposición a la pena de muerte en toda circunstancia, con independencia del crimen cometido”. El matiz es importante, pues no han faltado voces, ni siquiera en países cultos, para mantener o recuperar esa radical sanción contra delitos de terrorismo o asesinato de menores. Pero el evidente dolor social que causan esos crímenes violentos no se alivia con nuevas violencias, justificables en viejos tiempos históricos, pero ya no, por tantas razones.
Algunos Estados parecen irreductibles a la abolición, como China o Estados Unidos. En el continente amarillo existe cierta banalización de la pena de muerte, aplicada para delitos no especialmente graves y ejecutada en términos poco humanos para el reo y su familia.
En EEUU, por fortuna, aunque la pena se mantiene en 33 Estados, sólo una docena la aplica. El total de ejecuciones está por debajo de las 50, la mitad que diez años atrás. Además, crece poco a poco el porcentaje de ciudadanos contra la pena de muerte, según los sondeos de opinión. Pero no son aún mayoría, y no desaparece el trágico principio de que posicionarse contra la pena de muerte es un suicidio político, incluso en el campo demócrata (en este punto, también los republicanos son más recalcitrantes).
España ha apoyado las diversas resoluciones adoptadas en el siglo XXI por la ONU a favor de una moratoria mundial de la pena de muerte, la última el 20 de diciembre de 2012. Pero está vigente aún en las leyes penales de 43 de los Estados miembros de Naciones Unidas.
En estos momentos, 155 países han abolido la pena de muerte, de derecho o de hecho, a través de moratorias. En síntesis, 99 Estados son totalmente abolicionistas, siete lo son para crímenes ordinarios, cinco han establecido formalmente una moratoria, y 44 son abolicionistas de hecho, comprometidos a reformar su ordenamiento ‑en la práctica, no han ejecutado a nadie en los últimos diez años.
Pero las simples moratorias –de hecho o de derecho‑ no son suficientes, como se comprobó en 2012 en Japón. Después de dos años, y de las promesas del partido demócrata, volvían a morir en la horca tres reos. Y seguían en prisión 132 condenados a muerte. Lástima que, como suele suceder en ese país, las encuestas den un 86% de japoneses a favor de mantener la pena capital. Ciertamente, la vida vale menos en Oriente.
En ese contexto, me alegró leer el texto firmado por los ministros de exteriores de los países miembros del Consejo de Europa, publicado el pasado 10 de octubre: “Convencidos de la inhumanidad fundamental de la pena de muerte, los países que representamos nos oponemos a que se recurra a ella en cualquier circunstancia y en el mundo entero”. Lógicamente, los diplomáticos no lo dicen. Pero no está de más recordar que sólo tres países democráticos mantienen aún la pena capital: Japón, la India y Estados Unidos.
