El Parlamento europeo, foro de opinión sometido a la presión de las ideologías

Tanto en Bruselas como en Estrasburgo hay demasiadas personas en nómina, para desarrollar tareas que, con frecuencia, son propias de los Estados miembros: se produce cierto olvido de ese principio de subsidiariedad tan reiterado, pero olvidado con demasiada frecuencia.

Habría que precisar competencias, especialmente en el Parlamento, y reducir el número de eurodiputados y funcionarios; también, porque, a la hora de votar, los timbres suenan en función de la decisión tomada por los portavoces de cada grupo, sin apenas margen de libertad para cada representante. Casi todo está precocinado, especialmente cuando se trata de confirmar nombramientos de la Comisión..., la gran nueva competencia de la Eurocámara.

Si se repasan los temas objeto de los comunicados de prensa del Parlamento, se comprueba la abundancia y disparidad de asuntos –no legislativos que pasan por comisiones y plenos. Estos últimos días no ha faltado la presencia del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para el debate sobre el estado de la Unión, con especial referencia a las medidas adoptadas en la actual crisis migratoria y humanitaria de los refugiados, sustancialmente competencia de los Estados miembros, aunque los más afectados no dejan de pedir periódicamente ayuda a Bruselas. No obstante, la Eurocámara parece dispuesta a elaborar una proposición para sustituir los acuerdos de Dublín y elaborar con visión de futuro una política sobre emigración y asilo.

Otros temas han sido la prohibición de la clonación animal, así como el establecimiento de medidas estrictas sobre el comercio de productos derivados de focas. Se ha informado también contra la reducción de los presupuestos de gastos comunitarios. Y se ha discutido la necesidad de nuevas iniciativas de la UE sobre el conflicto entre Israel y Palestina, en el contexto del conjunto de los procesos de paz ¿de guerra?, si se confirman los bombardeos sobre objetivos islamistas en Siria- en Oriente Medio.

Casi todas las semanas, el Parlamento se dirige a gobiernos ajenos a la Unión Europea con objetivos diversos en relación con los derechos humanos, especialmente la liberación de presos (Rusia, Azerbaiyán). Periódicamente, como ahora, se aprueba un informe sobre libertades básicas en algún país (Angola). Entretanto sigue la selección de candidatos al premio Shajarov.

En esa línea de acciones políticas, que se sustancian en resoluciones no legislativas, los eurodiputados reclamaron en la sesión plenaria del 9 de septiembre una educación pública gratuita e igual para todos los niños, de acuerdo con la ponencia elaborado en comisión por la socialista portuguesa Liliana Rodrigues. Se pide también más inversión para garantizar una educación pública de calidad. Bien está el deseo de promover la igualdad de oportunidades, pero imagino el estupor que causará esa medida en países con larga tradición de coexistencia pacífica de centros públicos y privados en el sistema educativo nacional, como Bélgica e, incluso, Francia, donde el 20% de los alumnos están escolarizados en establecimientos con un contrato de asociación, equivalente a los conciertos españoles.

A la vez, tuvieron éxito las presiones de movimientos LGTB, para señalar en esa resolución la necesidad de que los Estados miembros establezcan medidas de igualdad de género en todos los niveles de la educación: se recomiendan así estereotipos contra estereotipos. Habría que contribuir a cerrar la brecha entre las mujeres de la educación y el desarrollo profesional, cuando se intuye la proximidad de un tiempo en que más bien serían necesarias discriminaciones positivas –desde luego, no soy partidario de ninguna en favor de los varones, ante el predominio de la mujer en carreras clásicas como la medicina. El propio informe Rodrigues reconoce que las mujeres representan ya la mayoría (60%) de los graduados universitarios en la UE, aunque sean minoría en algunas carreras. Pero la estadística no debería llevar a intentar sustituir los mecanismos habituales y libres de orientación profesional. Más importante parece el esfuerzo por superar la todavía existente discriminación en remuneraciones.

Los eurodiputados ocupan la mayor parte del trabajo en la redacción de ese tipo de resolución no legislativa. Pero los ponentes procuran la máxima difusión. La Eurocámara se convierte en un auténtico foro público, en una asamblea más creadora de opinión que de leyes. Aparte de la posible incongruencia de no reflejar hoy la división de poderes deseada por Montesquieu, el proceso resulta demasiado caro para los contribuyentes. Se trata de uno de tantos aspectos necesitados de revisión a fondo para asegurar el futuro de la UE.

 
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