Opinión

Peligra la globalización por razones utilitarias y nacionalistas

La última reunión del G20 en San Petersburgo refleja una profunda crisis de la comunidad internacional. Nadie esperaba consenso sobre un conflicto tan complejo como el de Siria, pero sí un mayor avance en orientaciones económicas globales, o en pautas para la aplicación del derecho internacional. Frente al mito de la globalización desplegado al final del siglo XX como solución de casi todos los problemas, se impone la triste realidad del proteccionismo de los intereses de cada país, con un excesivo crecimiento de los nacionalismos. Falta magnanimidad para limitar la soberanía del Estado, comenzando por las grandes potencias, antiguas o emergentes.

Las noticias se difunden a una velocidad de vértigo en todo el mundo. Pero sólo parecen tener influencia en las reacciones de las Bolsas. No hay consenso en políticas internacionales, ni tampoco en criterios económicos y financieros que alivien o resuelvan la crisis, y permitan seguir avanzando en los grandes objetivos del Milenio para las regiones menos desarrollados. Pero un flash o un twit que hable de misiles en el Mediterráneo pueden provocar bajadas inmediatas en las catedrales del mercado de las grandes naciones. Como si sólo mandasen en todo el mundo a la vez quienes tienen suficientes posibilidades de decidir sobre inversiones y ventas, más allá y por encima de los líderes políticos.

Tal vez por eso, sólo en un punto parecen haber avanzando los Estados del G20: el intercambio automático de información fiscal, para controlar más el sector bancario y evitar la evasión y el fraude (la UE perdería en torno al billón de euros por esas prácticas). Está a punto de crearse un sistema, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para obtener de modo automáticos datos sobre el pago de impuestos por parte de las empresas a partir de 2015.

En el punto de mira están grandes compañías, especialmente del sector digital, tantas veces mencionadas en los últimos años, como Apple, Microsoft, Google o Amazon: se les acusa de evadir impuestos en los países donde tienen su domicilio jurídico y, mucho más, en los lugares de sus centros de producción, establecidos con frecuencia en regiones menos desarrollados y con costes laborales inferiores.

No parece difícil establecer una regulación. El problema será aplicarla, si se persiste en plegar las normas jurídicas internacionales a la soberanía de cada Estado. No se puede olvidar que buena parte de los paraísos fiscales tienen bandera británica o americana, como Jersey, Caimanes, Bermudas, Islas Virgenes, etc., sin mencionar territorios más próximos a España. Hará falta la voluntad política de Washington y Londres para que vayan adelante las reglas contra los abusos del libre comercio. Algo semejante sucede con el propósito de fijar sistemas de control de la deuda pública de los miembros del G20. Experiencias recientes, como la de Grecia, denotan la existencia de problemas serios en temas delicados, como el pago de las pensiones.

No parece ocioso pensar, también cara al futuro, sobre las deficiencias del Derecho internacional: siempre expuesto a ser violado o insuficientemente incumplido, lo está más aún en momentos como los actuales. Importa mucho asegurar el funcionamiento de instituciones jurídicas mundiales independientes de los gobiernos, que puedan actuar por encima de las fronteras.

No se sostiene el unilateralismo de las grandes potencias, ni siquiera bajo el paraguas de organizaciones como la OTAN. Ni que de esos gobiernos dependa también la aplicación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que, hoy por hoy, es la única institución capaz de asegurar un mínimo de orden internacional, a pesar de la evidente necesidad de su reforma. También para desarmar la mera fuerza bélica, resulta indispensable fortalecer el derecho, a costa de las soberanías estatales, y no sólo en sectores económicos y financieros más o menos concretos. Para el desarrollo efectivo de la vida comercial y económica, la promulgación de nuevas regulaciones debería ir acompañada del refuerzo del control jurisdiccional, más allá del insuficientemente ejercido en estos momentos por el Tribunal de La Haya.

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