Presión occidental contra Hungría
Ahora, en cambio, crece la campaña ‑en nombre a veces de ideas de progreso que llevaron a la brutal dictadura de posguerra‑, frente a la reforma constitucional promovida por el centro derecha de Viktor Orbán. Ha aprovechado bien su llegada al poder en mayo del 2010, con una mayoría parlamentaria de más de dos tercios.
Las novelas de Sándor Márai, muerto precisamente en 1989, dibujaban ‑especialmente en su obra emblemática, Confesiones de un burgués‑, el gran mundo del Budapest imperial y monárquico, con una brillante vida intelectual, llena de tolerancia. Como en el resto de Europa, la burguesía húngara, a pesar de su fragilidad, fue el motor de la economía y la cultura hasta la gran crisis tras la I Guerra mundial. Sólo el relativo fascismo del Almirante Horthy (1920-1944) detuvo hasta la segunda posguerra la llegada al poder de los bolcheviques.
A Orbán se le acusa de casi todo, especialmente de un repliegue nacionalista e identitario. Una clave de fondo es la inclusión en la carta magna de valores rechazados hoy por lo “políticamente impuesto”. La nueva Constitución exalta el nombre de Dios y el glorioso pasado húngaro ‑con una referencia al rey san Esteban, algo insólito para los extraños‑, y menciona expresamente valores cristianos: el preámbulo de la Carta es un auténtico “credo nacional”. Se comprende la irritación de una Caroline Fourest, que se autodescribe como “misionera de la laicidad”, o de un Paolo Flores d’Arcais.
Desde luego, no se pueden minimizar las manifestaciones populares de protesta al entrar en vigor el texto. Difícilmente serían 100.000, pues ya se sabe lo complejo que resulta analizar este tipo de cifras, pero las imágenes de las televisiones reflejaban la presencia de un gentío alrededor de la Ópera, de los palacios de gobierno y de las avenidas nobles de Budapest.
Los manifestantes reunían a la hasta ahora fragmentada oposición al populismo de Orbán. Sin duda, los socialistas, herederos del antiguo régimen totalitario, braman contra la posibilidad, ahora legal, de ser perseguidos judicialmente por “crímenes comunistas” anteriores a 1989. Tampoco son brillantes, ni modernas, las reformas en materia de comunicación, que dan demasiado poder al gobierno frente a los medios. Algunos comprenderán el retroceso de la independencia judicial en España, donde se propugnó desde el poder no hace mucho la muerte de Montesquieu. En realidad, se diferencian poco de las políticas represivas del tandem ruso Putin-Medvedev, criticados suavemente en Occidente, sin la acritud que se proyecta sobre Orbán.
Algunos de los preceptos de más carga ética responden a la inquietud de Hungría frente al declive demográfico. Es una de las razones para el reconocimiento del embrión como ser humano. Y la convicción de que la familia tradicional es la base del mantenimiento de la nación, con la definición heterosexual del matrimonio
En el plano económico, se rechaza la sumisión del Banco central al poder político, más aún en tiempos de turbulencias financieras. Pero parece excesiva la inmediata reacción del Fondo Monetario Internacional, que ha suspendido las negociaciones para conceder un gran préstamo destinado a sostener la débil moneda húngara.
Como expresaba un reciente editorial de La Vanguardia, el partido Fidesz, de Orbán, presenta esta carta magna como “la verdadera culminación del cambio que inició Hungría hace más de veinte años, tras la caída del comunismo. El partido de extrema derecha Jobbik, algunos de cuyos miembros uniformados han protagonizado ataques xenófobos contra grupos gitanos, da por buena tal presentación. Pero entre los partidos de centro e izquierda la percepción es otra. Su lista de quejas ante esta Constitución es amplia”.
Se oponen a conceptos identitarios, sobre “el país de los Húngaros” que trasciende las actuales fronteras, a la inclusión de valores como los derechos del nonato, o la cadena perpetua. Se quejan también de un sistema electoral que resultaría más bien favorable al partido en el poder.
Pero parece exagerado, dentro de un régimen europeo aferrado al respeto de la soberanía nacional, afirmar que “Europa no debe permitir la deriva de Hungría” (Le Monde, 4-1-2012), a la que admitió en el club hace ahora siete años. Resultaría insólito que la UE recurriera al artículo 7º del Tratado de Lisboa, que priva de derecho de voto a los Estados miembros que violen las reglas democráticas. No sería coherente sancionar a un gobierno que salió de unas elecciones libres y abiertas. Bruselas y Estrasburgo no tendrán más remedio que admitir la existencia de un Estado más bien autoritario en el corazón de Europa.
