El acoso textual de legisadictos: promulgar leyes sin cumplir las vigentes
El actual furor legislativo que se da en tantos países, me invitar a repetir que la abundancia de las leyes se mitiga con su incumplimiento. No es esta una llamada a la desobediencia civil. Sólo la aplicación a la situación actual de una fina ironía que procede nada menos que del famoso civilista Federico de Castro y Bravo. Se me quedó grabada en una clase al final de los años cincuenta en la Universidad de Madrid. La inflación era por entonces el gran problema generado por una economía autárquica y populista. Exigió un gran plan de estabilización, aprobado no sin dificultad por las peculiares Cortes de la época. Fue, sin duda, la puerta de entrada al subsiguiente progreso de desarrollo, beneficioso para las cuentas de cada ciudadano, pero que presentaba para tantos estudiantes más o menos rebeldes el efecto negativo de sostener y prolongar el tardofranquismo.
Se consolidaba por entonces la Facultad de ciencias económicas, y el lenguaje técnico iba de boca en boca con la mayor naturalidad, mientras se reducían las listas de espera para conseguir la concesión de los seiscientos fabricados por la SEAT. El famoso repertorio legislativo de Aranzadi acababa cada año en un buen tomo, con sobria y bella encuadernación española, que se añadía a estanterías de bufetes y despachos, junto con las recopilaciones decenales. Cuando quisimos darnos cuenta, los volúmenes normativos eran ya cinco al año. Entretanto seguía vigente la ley provisional del registro civil… de 1870, todo un ejemplo de la denostada incuria liberal.
Menos mal que pronto comenzó a ser posible adoptar soluciones informáticas, que facilitan el trabajo de los profesionales dentro de una desaforada inflación jurídica, acelerada y cambiante, sobre todo en circunstancias peculiares como la inesperada pandemia del coronavirus.
El problema es internacional, como muestra un informe del Senado francés publicado a finales de enero, que se propone aligerar especialmente el trabajo de los municipios: la multiplicación de normas añadirían "una nueva capa de complejidad" para los cargos electos locales. No se refiere solo al trabajo de las dos cámaras legislativas, sino al conjunto del furor regulador, que incluye decretos, reglamentos, directivas, circulares: hay normas para todo y para todos. En concreto, las impuestas a los entes locales habrían llegado a ser tan numerosas y complejas que algunos hablan de "acoso textual" y de "adicción a las normas". A título de ejemplo, el informe menciona el código general de las entidades locales, que ha triplicado su volumen en veinte años y supera el millón de palabras en 2022. Si se añaden los códigos especiales aplicables, resulta un auténtico laberinto de normas.
Además, la inflación normativa cuesta demasiado dinero: a juicio de la oficina del primer ministro, 2.000 millones de euros entre 2017 y 2021. Y muchos lamentan que cada intento de procesar la prometida simplificación administrativa se convierte de hecho en "la producción de nuevos textos y, por tanto, de una nueva capa de complejidad". Porque, ante cada problema, se cae en la tentación de elaborar otro texto, sin evaluar si no bastaría con aplicar de veras los vigentes. Así sucede, para muchos, con el iniciado proceso de reforma de la ley sobre el fin de la vida, derivado de presiones ideológicas más que de necesidades reales.
Para superar el problema, aparte de vigilar contra la inflación jurídica, los senadores sugieren introducir en los textos votados el sistema británico de "cláusulas de revisión", para medir los efectos de las reformas; también, como último recurso, "cláusulas de guillotina", que permitan derogar las normas si no se evalúan o se juzgan ineficaces.
En el resumen que he leído falta la perspectiva de estilo. Tal vez no haya quejas en materia de redacción, sino sólo de contenidos. Por desgracia, en nuestro BOE el hambre se junta con las ganas de comer: no me resulta nada fácil terminar de leer larguísimas exposiciones de motivos que ensartan frases propagandísticas que recuerdan las viejas asambleas universitarias con la reiteración cansina de lugares comunes: como resultado, una pobreza expresiva decepcionante (todo un purgatorio para quien tenga el enojoso deber profesional de estudiarlas; imagino también que la informática aliviará la peculiar técnica legislativa de normas integrales que deconstruyen infinidad de textos vigentes y hace difícil entender su alcance).
No sé si è vero o ben trovato, pero me parece recordar que Stendhal confió a Balzac en una carta que, antes de sentarse a escribir La Cartuja de Parma, solía leer dos o tres páginas del Código civil –el “código de Napoleón”, de 1805- como ejercicio para depurar la precisa concisión de su estilo. No pediría tanto a los legisladores actuales. Pero sí mucho más decoro expresivo.
