Contra la ciberrepresión de los Estados totalitarios
No es nada fácil precisar el derecho de la información, especialmente desde el vuelco hacia la primacía de los medios digitales: como sucede en otros sectores de la sociedad contemporánea, los ordenamientos jurídicos van a la zaga de los avances técnicos; pero es preciso asegurar en lo posible la veracidad y luchar contra la creciente ciberdelincuencia, sin dejar de protestar contra la ciberrepresión, con perdón por el palabro.
La dificultad de la tarea me recuerda los debates en el tardofranquismo ante la ley de prensa e imprenta promovida por el ministro Fraga Iribarne: fue un avance, aunque era demasiado intervencionista –registros y autorizaciones; requisitos de capital- y concedía a la administración pública la posibilidad de imponer la suspensión o el cierre de publicaciones.
Los promotores de la reforma vendían -entre bastidores- sanciones tan duras como una concesión teórica a los halcones del régimen, prometiendo que nunca se aplicarían. Los liberales considerábamos que bastaba con los tipos penales del derecho común, por exagerados que pudieran ser también entonces. Pero exigían al menos un previo proceso judicial. Con los años, los jueces anularían sanciones adoptadas por el ejecutivo en aplicación de aquella ley, pero no sirvieron ya para resucitar, entre otros, al Madrid o a El Alcázar de Pesa, con el que me honré en colaborar.
Aquellas experiencias dejan huella cuando la globalización informativa favorece lo mejor de la condición humana, pero no impide los resquicios por los que se lesiona la intimidad, se comercializan los datos, se atacan infraestructuras esenciales, se intenta influir fraudulentamente en los procesos electorales, se confunde la opinión pública con falsedades y rumores, y tantos ciberdelitos más.
Las regulaciones de los países democráticos avanzan poco a poco, dentro de los límites del estado de derecho. Nada que ver con la capacidad represiva de los sistemas totalitarios, especialmente los comunistas, que no buscan el bien común de los ciudadanos, sino asegurar la estricta permanencia en el poder.
Basta recordar aquí brevemente informaciones recientes sobre la represión en China, con un lamentable escaparate en Hong Kong. El partido comunista de Pekín no tiene empacho en favorecer a los nuevos millonarios, también en el campo de la comunicación digital..., hasta que adquieren una posición tan autónoma, que puede sortear la docilidad. El promotor de la más importante empresa de la antigua colonia británica está en la cárcel. Pero también parece haber caído en desgracia el fundador de Alibaba, número uno del comercio electrónico: de momento, renunció abruptamente a sacar a bolsa Ant, su filial en créditos financieros.
Otras empresas de la high-tech están en el punto de mira del gobierno chino, junto con la educación privada o los videojuegos, nuevo opio del pueblo para la propaganda oficial. Como expresaba un duro editorial de Le Monde, el 5 de agosto, Pekín afirma, para justificar su ofensiva reguladora, que lucha contra las trabas a la competencia, vela por los datos personales y protege a los usuarios: en realidad, es “un poder que multiplica los atentados a la vida privada para asegurar su propio monopolio político”.
Como no podía ser menos, Cuba ha visto las orejas al lobo del incipiente Internet en la isla. Antes de que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder al espacio digital en condiciones normales, ha promulgado severas sanciones en normas que establecen nada menos que diecisiete tipos penales para proteger la ciberseguridad. Como si no estuviera ya duramente tipificada e injustamente aplicada la subversión social, las alteraciones del orden público, la promoción de la indisciplina, la difusión de falsedades o de noticias contra el prestigio del país... Los dirigentes consideran indispensable atemorizar aún más al ciudadano que consiga entrar en el campo de las telecomunicaciones, apelando incluso a la lucha contra el ciberterrorismo... Y, por supuesto, acusa de agresión al Senado de Estados Unidos, que exige al presidente Biden que garantice a los cubanos un acceso a Internet sin restricciones.
