Opinión

Controlar al controlador: el estado de derecho ante las grandes plataformas

Las grandes plataformas de la comunicación tendrán que plegarse a las exigencias del ordenamiento jurídico: del relativo limbo jurídico actual no pueden salir sólo con sentencias judiciales, al menos en el sistema continental. Se impone revisar y, sobre todo, actualizar las normas aplicables en este importante fenómeno contemporáneo. Basta pensar en las exigencias fiscales, en la defensa de la competencia frente a posiciones dominantes o, sobre todo, el riesgo de imponer opiniones en cuestiones sociales y políticas debatidas. Así se puede deducir de noticias recientes que resumo.

Facebook ha decidido suspender la cuenta de Donald Trump durante los próximos dos años, tras el informe de su “consejo de supervisión”. No entro en los fundamentos de la decisión, ni pretendo en modo alguno defender al anterior presidente de EEUU. Me planteo si es admisible que una red social que se ha convertido en plaza mayor de la aldea global, pueda establecer por sí misma quién puede estar en un lugar tan público como ese.

En el acuerdo, la red social detalla también medidas relativas a la moderación de las cuentas de los líderes políticos. Salvo que Mark Zuckerberg quiera situarse en primera línea de la carrera por ser el Gran Hermano, no parece que Facebook pueda seguir cerrando páginas, porque no se adapten a sus criterios, aunque sean compatibles con la clásica libertad de expresión.

De hecho, en los últimos meses han aumentado las críticas a la forma en que Facebook modera esas cuentas, especialmente tras la ofensiva israelí en Gaza, pero también en la India. Mientras este país se enfrenta a una tremenda crisis sanitaria relacionada con la pandemia del Covid-19, los empleados de Facebook, incluidos los de origen indio, están molestos por lo que perciben como una forma de complacencia hacia el gobierno de Narendra Modi, según informó el New York Times. No les gusta tampoco que decida una camarilla de expertos en gran parte secreta, aunque no dicen nada de los algoritmos seleccionados. Todo parece, en el mejor de los casos, algo opaco y arbitrario, que recuerda, para peor, los tiempos del index y de los exsequatur.

También Twitter suspendió la cuenta de Trump, aunque en general esta red más bien propugna el debate, por exagerado que sea, porque contribuye a la continuidad y aumento de sus seguidores. En sentido contrario, se produce el control por parte de los Estados de las libertades difundidas por las redes, como acaba de suceder en Nigeria. La red borró dos tuits del presidente Buhari, con amenazas a los independentistas de Biafra, evocando el conflicto que causó un millón de muertos entre 1967 y 1970. La respuesta fue cerrar el acceso a Twitter en Nigeria.

No se puede olvidar que estas redes, como Google o You Tube, viven de la publicidad. Los algoritmos provocan excesos, contrarios al ordenamiento jurídico. La Comisión Europea acaba de abrir una "investigación formal" contra Facebook en el campo de los anuncios clasificados en línea. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, sospecha que "distorsiona la competencia" al aprovecharse de los datos publicitarios y promover el uso de su propio servicio. Una investigación preliminar semejante se dirige contra el buscador

Google (de momento ha sido multado con 220 millones de euros por la autoridad de la competencia en Francia).

Estos actos coinciden con los de la autoridad de la competencia del Reino Unido: se pregunta si Facebook "abusa de su posición dominante en las redes sociales a través de la recogida y el uso de datos publicitarios". Y recuerdan las diligencias abierta por Margrethe Vestager en noviembre de 2020 contra Amazon, sospechosa de lucrarse con los datos de los minoristas independientes que venden en su plataforma y de dar un trato preferente a sus propias ofertas o a los vendedores que utilizan sus servicios de entrega y almacenamiento.

En espera de una nueva directiva europea, los Estados deben seguir trabajando. Ningún departamento de los gigantes de la red puede ser instancia última no apelable, pues está en juego el ejercicio de libertades fundamentales. Tal vez los miles de dólares que han invertido para evitar abusos de los seguidores, debieran encaminarse –a través de las leyes fiscales- hacia el poder judicial de los países democráticos, árbitro último, e independiente, en materia de derechos humanos.

 
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