Para la corrupción pública no hay fronteras en el mundo
Si no recuerdo mal, un político de Brasil, Ademar do Barros, acuñó el eslogan electoral “robo pero hago”. Debía de conectar bien con la gente, pues fue alcalde de São Paulo al final de los cincuenta, y luego al menos dos veces gobernador de ese Estado. Pero no voy a escribir sobre Brasil, de donde llegan noticias demasiado estruendosas sobre la corrupción, con manifestaciones populares, que podrían arrumbar –o no‑ la carrera política de los actuales dirigentes federales.
Me ha venido a la cabeza, mientras daba vueltas a sucesos más próximos, y no menos populares, que afectan a la honorabilidad de los directivos del fútbol mundial, y a figuras de la ONU en Nueva York. Porque el diario Le Monde publica en su edición del pasado día 10 una extensa entrevista con el historiador alemán Jens Ivo Engels, profesor de la Universidad politécnica de Darmstadt, autor de un libro sobre la historia de la corrupción, desde la época moderna al siglo XX. La conversación aparecía en el diario con un título cuando menos paradójico: "Una sociedad sin corrupción es un mito absoluto".
El entrevistado se refiere a la amplia información, también histórica, disponible en países como Francia o Gran Bretaña, a diferencia de Alemania, donde “se creía, erróneamente, que la administración prusiana era incorruptible. Es un mito que data de principios del siglo XIX y en el que muchos alemanes todavía creen”. Tal vez casos recientes comentados también en estas páginas contribuyan a matizar a fondo esa creencia.
Una de las claves del problema radica en la no siempre fácil distinción práctica entre el interés público y los intereses privados, sobre la base de la primacía radical del bien común. Engels cuenta cómo el presidente alemán, Christian Wulff, tuvo que dimitir en 2012, en parte porque antes de ser presidente se había dejado invitar a comer en la fiesta de la cerveza de octubre. Presionado por la prensa, asumió una responsabilidad política, antes de ser exonerado en el correspondiente proceso penal. Pero así son, y deben ser las cosas en la vida pública, frente al principio general de la presunción de inocencia. Ciertamente exige –así en ese caso alemán- que los jueces no se eternicen, como sucede por desgracia en España.
Sólo una fina sensibilidad permite no judicializar la política, sin perjuicio lógicamente de que intervengan los tribunales, como ocurre en estos momentos en Suiza y Estados Unidos, en torno a la FIFA y la ONU.
Tal vez en el caso de Blatter y Platini, principales implicados, no se trate sólo de irregularidades económicas o jurídicas, sino de la dura lucha por el mantenimiento en el poder, en términos que evocan manifestaciones del absolutismo político más clásico.
Más graves parecen las imputaciones de la justicia estadounidense contra John Ashe, ex presidente de la Asamblea general de la ONU: estaría en el centro de un sistema de corrupción en el ámbito inmobiliario a favor de hombres de negocios de China. Como es natural, ha sido un serio golpe para el secretario general, Ban Ki-moon, "conmocionado y profundamente perturbado" por unas acusaciones que "afectan al corazón de la integridad de las Naciones Unidas."
Por lo demás, nunca se insistirá bastante en la necesidad de la transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales. Y, ante cualquier sospecha medianamente fundada, se impone evitar paños calientes y dimitir, salvo que se puedan aportar rápida y públicamente justificaciones convincentes. No valen silencios ni connivencias. Ni harían falta fiscalías especiales ni cosas semejantes. Ante los affaires, muchos políticos proponen concordar pactos de Estado, establecer nuevas reglas y límites... perfectamente inútiles con la actual administración de justicia. Al cabo, nada suple a decisiones personales que, si es preciso, se apartan del “lo hacen todos”, de la casi institucionalización oculta de los tres por ciento. Justamente contra esas praxis, la publicidad es gran aliada de la honradez.
