Hacia la creación de una fiscalía europea contra el fraude

Se trataría de un nuevo impulso hacia la construcción del llamado espacio judicial europeo.

Sin duda, es una medida facilitada por el Brexit. La mayor dificultad de este proyecto, lanzado a comienzos de siglo, derivaba de las notables diferencias entre los ordenamientos estatales, y de la renuencia a admitir limitaciones de la soberanía en un aspecto tan sensible como el derecho penal. El Reino Unido se opuso siempre con claridad. Habrá que ver la reacción de países más orientales, como Polonia o Hungría.

Actualmente, la represión de los fraudes corresponde a la autoridad gubernativa y judicial de cada Estado miembro. Pero la experiencia muestra que no tienen demasiada sensibilidad cuando se distorsiona el presupuesto de todos en favor de los propios nacionales, algo muy común en el ámbito de la política agraria. La experiencia muestra que la abundancia de subvenciones es caldo de cultivo de la corrupción. Y no pocos casos, bastante documentados, se toparon con la absolución de los jueces competentes por razón del territorio. La mayoría de las denuncias de la Olaf, la oficina europea de lucha contra el fraude, quedaba impune.

Fuera ya el Reino Unido, y de acuerdo con el tratado de Lisboa, bastará la “cooperación reforzada” de un mínimo de Estados, para establecer la fiscalía europea. El Consejo nombrará al fiscal general a propuesta de la Comisión. Y los responsables de las investigaciones serían fiscales delegados, al menos, uno por país.

La fiscalía europea luchará contra la apropiación indebida de fondos de la UE y protegerá el dinero de los contribuyentes. Se ocupará de investigar posibles delitos contra los intereses financieros de la Unión, especialmente los fraudes a los fondos estructurales, o al IVA transfronterizo a gran escala. Permitirá, según el proyecto, un intercambio más fluido de información, y una mejor coordinación de las investigaciones policiales, así como congelar o bloquear activos y detener a sospechosos sin fronteras nacionales. Trabajará en colaboración con la Agencia para el fortalecimiento de la cooperación judicial (Eurojust) y con la Olaf. No se excluye que, en el futuro, se le conceda competencia para investigar otros delitos graves, como los relacionados con el terrorismo.

La nueva figura no deja de presentar inconvenientes, derivados del distinto estatuto del ministerio fiscal en los diversos ordenamientos. En el derecho continental suele prevalecer el principio de jerarquía, que contrasta con la autonomía casi absoluta del juez instructor. Muchas dudas suscita el crecimiento de la intervención de los fiscales en la instrucción penal, especialmente los fiscales especiales... A pesar de la profesionalidad de las personas, que actúan legal e imparcialmente, el enfoque jerárquico no garantiza plenamente la necesaria independencia.

Nunca he sido partidario de fiscalías especiales. Y la experiencia del funcionamiento de las existentes en algunos países me reafirma en ese criterio.

Veo preferible reforzar y mejorar los órganos clásicos, en vez de crear instituciones específicas, aunque la constitución de éstas sea más rentable políticamente. De hecho, y a pesar de tantas diferencias en otros campos, la comisión de la Eurocámara aprobó la propuesta por 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

Queda ahora pendiente la aprobación por el pleno del parlamento, en la sesión del 5 de octubre en Estrasburgo. Luego, el Consejo podrá adoptar formalmente el Reglamento. Transcurrirá un período mínimo de tres años antes de que pueda comenzar su trabajo. Como el tribunal comunitario, tendrá su sede en Luxemburgo.

A mi juicio, en España será necesaria una reforma constitucional para trasladar la competencia de la instrucción a los fiscales. De acuerdo con el artículo 124, 2, ejercen sus funciones conforme a principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Desde luego, también deben sujetarse a la legalidad y la imparcialidad. Pero, salvo que se vacíe de contenido a esos nuevos fiscales europeos, su introducción no sería posible sin modificar la Carta Magna.