La crisis de la política de inmigración en Estados Unidos
El presidente Barack Obama tiene que enfrentarse con una nueva crisis en la frontera con México, que puede replantear la política sobre inmigración, aunque divide hondamente a la clase política norteamericana. Es un reflejo de la tensión social ante la creciente presencia hispana en la Unión. Sobre razones clásicas de justicia social, gravitan las consecuencias electorales de las decisiones en un sentido o en otro.
Suele repetirse que Obama llegó a la Casa Blanca en parte gracias a sus promesas, en línea contraria a los republicanos, que se distanciaron de los hispanos, aunque estuvieran más cerca de ellos en tantas cuestiones éticas. Luego, ganó la reelección en 2012 con más del 70% de los votos entre latinos y asiático-americanos. Y presentó como una de sus grandes prioridades una reforma migratoria integral.
La novedad del fenómeno es la presencia, desde octubre pasado, de miles de niños centroamericanos solos, retenidos por las autoridades civiles. Se acusa al presidente, incluso desde las filas demócratas, de no haber previsto la situación. Pero no se sabe bien cómo justificar la deportación de niños –dreamers, soñadores‑ que han viajado miles de kilómetros para escapar de la situación desesperada que sufren en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, por razón del narcotráfico, el exceso de violencia y la inestabilidad política y social.
No parece suficiente la explicación presidencial, que desearía dejar claro a las familias de América Central que nada justifica lanzar a sus hijos a un peligroso viaje hacia el norte. Con ese argumento, se limita a trasladarles la responsabilidad de la presente o de futuras crisis humanitarias. En cierto modo, toma conciencia del efecto llamada producido por el decreto presidencial de junio de 2012, que permitía a los que cumplieran sus requisitos permanecer en el país y obtener permiso de trabajo. Esa norma se unía a la ley contra el tráfico de personas, que aprobó en 2008 el Congreso casi por unanimidad y concedía casi automáticamente el asilo a niños no procedentes de Canadá o México, detenidos por estar en el país ilegalmente. Las bandas han hecho su agosto con la esperanza que esa política suscitaba.
A finales de junio, Obama manifestó por escrito al Congreso su intención de modificar esa ley. Pero luego, en vez de plantear un proyecto, se limitó a pedir un suplemento de crédito de 3.7 mil millones de dólares, para aumentar el número de jueces y funcionarios de inmigración, y para albergar, alimentar y cuidar a los menores de edad que cruzaron la frontera.
Entretanto, el proyecto de reforma aprobado por el Senado en junio de 2013, para encauzar jurídicamente la situación de los casi doce millones de inmigrantes llegados a la nación ilegalmente, no salió adelante, por el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes. Y Obama siguió convirtiéndose, como dicen sus detractores, en deporter-in-chief, en un presidente que bate la marca de las deportaciones de inmigrantes, con un ritmo de más de mil cada día.
Los demócratas pueden echar la culpa a los republicanos de haber frenado la reforma de la inmigración. Pero no faltan quienes, desde ese sector, como el representante de Arizona, Raúl M. Grijalva, piden a Obama que visite la frontera de Texas para conocer la situación de cerca. Consideran que la salida de la actual la crisis fronteriza dejará una huella decisiva en la mente de los votantes hispanos: fueron importantes para la reelección de Obama, y siguen siendo una de las claves de futuro para el partido demócrata.
Se reprocha a Obama que esté tratando la crisis simplemente como una cuestión de imagen y relaciones públicas, sin formular un proyecto político claro. Como escribe Charles Krauthammer, “un presidente serio iría al Congreso mañana a proponer un cambio en la ley: simplemente, obligar a que los niños centroamericanos reciban el mismo trato que los mexicanos, es decir, la repatriación inmediata”. Es la línea más dura, que intenta evitar la mentalidad de que a todo inmigrante ilegal se le concederá antes o después permiso de residencia y de trabajo. De hecho, sólo ha sido repatriado el 3% de los menores que entraron clandestinamente en el país. Pero la intensidad del debate partidista induce a pensar que deberá seguir esperando una política de Estado sobre inmigración.
