La dimisión del ministro francés de presupuestos
Jérôme Cahuzac había entrado en el gobierno de François Hollande como una estrella con la gran expectativa de llevar a la práctica las grandes líneas del nuevo presidente en materia de política fiscal. Pero pocos podían esperar que el encargado de atajar el fraude y de fomentar la igualdad impositiva, resultara implicado en una investigación judicial por evasión de impuestos. En este caso, no se trata de denuncias periodísticas, sino de un acto judicial, dentro de una instrucción procesal, justamente lo que Nicolas Sarkozy quería pasar a los fiscales…, explicable también tras su reciente imputación en el caso Bettencourt.
El brillante ministro, aunque reitera sus proclamas de inocencia, no ha tenido más remedio que dimitir, una decisión saludada como ineludible por los dos principales diarios de París en sus ediciones del 20 de marzo: el conservador Le Figaro y el más izquierdista Le Monde. La coincidencia es clara: no se trata de sortear el principio sagrado de la presunción de inocencia; la justicia dirá si Cahuzac es culpable o inocente, pero en su situación jurídica no debía seguir siendo ministro del gobierno, menos aún en materias fiscales. El presidente no podía mantener a una persona acusada de evadir impuestos cuando su misión era recaudar más, con nuevas figuras impositivas, y atrapar a los que quieren escapar de sus obligaciones con Hacienda.
Para Le Monde, la dimisión es saludable ante la sospecha. Recuerda que, después de dos meses de instrucción preliminar, los jueces están persuadidos de la seriedad de las acusaciones vertidas contra el ministro por Mediapart en diciembre de 2012. Se ha comprobado la autenticidad de la grabación telefónica de 2000 en la que Cahuzac reconocía poseer una cuenta bancaria en Suiza. Además, a esa cuenta irían a parar sumas pagadas por compañías farmacéuticas. Y habrá que proseguir la investigación en Singapur, a donde se han transferido los saldos de esta cuenta.
A la vez, el vespertino de París precisa que la dimisión no debe ser interpretada como confesión de culpabilidad. Menos aún cuando el interesado rechaza categóricamente las acusaciones: "No tengo ni he tenido una cuenta en el extranjero. Ni ahora ni antes". Pero la sospecha es demasiado grave, para que pueda continuar sentándose en el consejo de ministros, sin debilitarle aún más de lo que está en estos momentos.
El presidente de la república ha aplicado una norma no escrita, que se conoce en Francia como regla "Bérégovoy-Balladur": un ministro implicado en un caso judicial debe dimitir. Nació en 1992, cuando Bernard Tapie, ministro de urbanismo, se vio implicado en el caso Toshiba, y tuvo que presentar su renuncia pocos días antes de su imputación judicial. Luego, el primer ministro Edouard Balladur la aplicó en otras ocasiones. Sin perjuicio de que después los implicados resultasen absueltos.
De hecho, Bernard Tapie, que presentó su renuncia al socialista Pierre Bérégovoy, fue absuelto en su día; como, en 1994, Gérard Longuet, ministro de industria de Edouard Balladur, o Michel Roussin, ministro de la cooperación; o el inefable Dominique Strauss-Kahn, que dimitió en 1999 como ministro de economía del gobierno de Lionel Jospin
Otros fueron condenados, como Alain Carignon, ministro de la comunicación con Balladur; o Renaud Donnedieu de Vabres, ministro de asuntos europeos en el gobierno Raffarin (2002); o Pierre Bédier, secretario de Estado, también con Raffarin (2004). Casos más recientes penden aún en la administración de justicia.
He querido traer estos casos franceses, para mostrar el avance de la cultura de la dimisión, tan connatural en los países anglosajones o en Alemania, donde al menos dos ministros se fueron por sospechas fundadas de haber cometido plagio en sus tesis doctorales… Y para hacerme eco de un deseo creciente de la sociedad española, que siente la nostalgia –la necesidad‑ de poder confiar en sus instituciones, demasiado debilitadas en los últimos tiempos.
También los hombres públicos tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero nunca se insistirá bastante en que no pueden continuar en sus cargos a la mínima y fundada sospecha de conducta irregular o delictiva. Menos aún en países, como España, en que la administración de justicia ofrece una desesperante lentitud.
