Opinión

La división social de EEUU se reflejó también en los referéndums del 6 de noviembre

Votación en Estados Unidos.
photo_camera Votación en Estados Unidos.

Cada dos años, las consultas electorales del primer martes de noviembre (tras el primer lunes) no sólo renuevan la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los ciudadanos acuden a las urnas también para votar sobre iniciativas legislativas de cada Estado, que presentan tanto las autoridades locales como los propios electores. Suelen ser muy numerosas, y sobre temas variados, aunque predominan las grandes cuestiones políticas y sociales. En cierto modo, aparte de reflejar divisiones, manifiestan tendencias.

En 2018 se sometieron a consulta, en 37 Estados, 155 medidas, una cifra algo inferior a la media desde 2010: 173. Se llevan la palma las reformas en materia de política electoral: 20 en 15 Estados. Se refieren a aspectos diversos, como la redistribución de los distritos electores, los requisitos para la votación, el acceso a los colegios electorales, la financiación de las campañas. Algunos corresponden, lógicamente, a problemas típicamente americanos, pero otros tienen interés general: registro e identificación de votantes, derecho al voto o capacidad de presentarse a un cargo, después de una condena por delito grave. Significativamente, la inclusión de estas consultas procedía de iniciativas ciudadanas. Se puede concluir que la tendencia es hacia una mayor participación política con máxima responsabilidad también ética.

En cambio, otra gran cuestión debatida –siete iniciativas en cinco Estados- refleja cierto declive social: tendencia a la legalización de la marihuana medicinal o recreativa, ya aprobada en varios Estados, sin llegar aún a los extremos de Canadá, donde la permisividad ha provocado una serie crisis de abastecimiento, con satisfacción de los narcotraficantes. La aprobación, también para fines lúdicos, avanza, excepto en Dakota del Norte.

Otra preocupación reflejada en tantas consultas es la división ante la aplicación del sistema Medicaid y la atención médica: el debate entre expansión y restricción es muy profundo. Los votantes de nueve Estados se pronunciaron contra disposiciones en aplicación de Obamacare, la ley federal sanitaria aprobada en 2010: prácticamente todas las consultas fueron introducidas por los legisladores de los Estados.

Diversas inquietudes económicas aparecen con cierta reiteración en las iniciativas –ocho, en seis Estados-, que muestran el deseo social favorable a restricciones o limitaciones fiscales. Por ejemplo, en Oregón y Washington los gobiernos no podrán promulgar impuestos sobre los comestibles. En Arizona se aprobó una iniciativa para prohibir nuevos impuestos o aumentar las tasas en los servicios públicos. Algo semejante abordaron los votantes de California sobre impuestos a combustibles y vehículos. La tendencia reduccionista es compatible con el aumento del salario mínimo aprobado en Arkansas y Missouri.

Otro gran campo es la protección de las víctimas de los delitos. Algunas normas se han promulgado ya en varios Estados –se conocen como ley de Marsy- y más o menos se repiten en las propuestas aprobadas ahora en otros seis: derecho a ser notificado y actuar en los procesos; a ser escuchado también en los procedimientos relativos a libertad condicional del acusado; a que se considere la seguridad de la víctima y la familia al señalar una fianza o adoptar otras decisiones; a ser protegido de los acusados; a ser notificado sobre la liberación o la evasión del acusado; a rechazar una entrevista o deposición a petición del acusado; en fin, a la restitución por parte de la persona que cometió el delito.

Cuatro iniciativas en tres Estados –Arizona, Nevada y Washington- tratan de reducir el uso de combustibles fósiles y aumentar el de energías renovables, junto con posibles reformas de las regulaciones. Los resultados fueron desiguales, pero marcan la tendencia a una mayor preocupación por el medio ambiente, a pesar de la política de la Casa Blanca. Además, en Colorado, se aprobaron dos iniciativas relacionadas con el desarrollo del petróleo y el gas: los nuevos proyectos, incluido el fracking, deberían estar a una distancia mínima de 2.500 pies de edificios ocupados y de otras áreas consideradas vulnerables; por otra parte, los propietarios serán compensados ​​por cualquier reducción en el valor de la propiedad causada por leyes o regulaciones estatales.

En fin, como escribió Juan Meseguer en Aceprensa el día 7, en su extenso y claro informe sobre los resultados electorales, “es interesante observar que, pese a que cambian los debates dominantes en la opinión pública, el del aborto nunca se va”. De hecho, se sometieron a consulta tres iniciativas en tres Estados relacionadas con el acceso y la financiación. Alabama aprobó una enmienda constitucional para que la política estatal “reconozca y apoye la santidad de la vida naciente y los derechos de los niños no nacidos, incluido el derecho a la vida”; al mismo tiempo, declara que no existe en la Constitución del Estado un derecho al aborto ni a su financiación pública. En la misma línea, Virginia Occidental aprobó otra enmienda constitucional: “nada en esta Constitución garantiza o protege el derecho al aborto o requiere la financiación del aborto”. En cambio, Oregón rechazó la propuesta que pretendía prohibir la financiación pública del aborto en determinados supuestos. En todo caso, muestra una evolución favorable sobre el derecho a la vida. Probablemente, dará lugar a campañas negativas, también porque las elecciones han fortalecido la mayoría republicana en el Senado, esencial para el nombramiento de jueces federales.

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