Opinión

Duele la apatía de la sociedad civil ante el cinismo de los gobernantes

Los exteriores del parlamento sueco, en una imagen de 2011
photo_camera Los exteriores del parlamento sueco, en una imagen de 2011

No se pueden hacer afirmaciones tajantes –quizá simplistas- para valorar las diferencias entre los países en su lucha contra la pandemia. No es fácil calibrar por qué se han conseguido tan buenos resultados en la mayor parte de los países de África o del norte de Europa o de Asia oriental. Pero, en conjunto, se puede afirmar que cierto denominador común es la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, que en otros lugares está por los suelos -dé origen o no a teorías conspiratorias.

Concretamente, con matices, considero paradigmático el planteamiento de las autoridades de Suecia. Muchos dudaron, recibieron críticas, atravesaron momentos de incertidumbre, pero más bien hay que reconocer el buen gobierno. Han conseguido un equilibrio nada fácil entre los problemas de salud pública y el mantenimiento de la actividad económica, familiar y social: más a base de consejos pertinentes que de imposiciones –gran contraste con el toque de queda decretado por el presidente Macron-, manifestación clara de responsabilidad cívica por parte de todos.

Otros países, como España, reflejan déficit de sociedad civil: falta iniciativa, asunción de problemas, capacidad de resolverlos sin necesidad de acudir a leyes ni menos aún a subvenciones. Acaban sufriendo el cinismo de los gobernantes, que no necesariamente practican el “todo para el pueblo pero sin el pueblo” del despotismo ilustrado: el ejemplo más radical se produjo en Madrid no hace mucho cuando un ministro apelaba a la responsabilidad de los ciudadanos casi en el mismo momento en que nos privaba de libertad. Pero no era para él contradictorio, porque confiaba en el desinterés apático. Bien lejos del orgullo cívico de los comuneros de Castilla, sintetizado en el lema liberal de Medina del Campo: “ni del rey oficio, ni del papa beneficio”. Aunque fuera rey el poderoso Carlos. 

El Estado moderno absolutizó la soberanía –teorizada por Bodino-, que aún perdura: fue cauce de progreso, porque favoreció grandes causas nacionales, frente a la miopía de la nobleza de aquel tiempo. Pero en tantos países continentales la sociedad pagó un alto precio, que a veces se advierte aún en momentos difíciles.

Aunque no lo he experimentado personalmente, pienso que no es así en el norte, compatible paradójicamente con un excesivo individualismo. Al menos, lo deduzco estos días de las posturas que algunos llaman casi despectivamente “frugales”, ante las políticas para la reconstrucción económica tras la pandemia. 

Los comentarios pueden resultar prematuros, pues las espadas están en alto. Pero sí quiero referirme a un ejemplo concreto, más allá de los actuales problemas sanitarios: la profunda reacción de los agentes sociales y el gobierno de Suecia contra la institución de un salario mínimo europeo. Se trata de una actitud de principio, que nada tiene que ver con posibles “neoliberalismos”, tan denostados últimamente, y no precisamente por quienes aportan soluciones a los problemas. 

En una tribuna publicada en Francia –en parte, para recordar los compromisos asumidos por Emmanuel Macron con Ursula von der Leyen -, alaban la buena intención de la comisión de Bruselas. Pero afirman claramente que “en Suecia, las organizaciones sindicales y patronales colaboran desde hace mucho tiempo trabajando juntas para hacer evolucionar y mejorar las condiciones de los trabajadores y las empresas. Por supuesto, todavía hay mucho que hacer, pero nuestro modelo ha demostrado su eficacia”. Quieren que se respete la propia política social, la autonomía en la negociación colectiva, de acuerdo también con los tratados de la Unión Europea, que reconocen el clásico principio de subsidiariedad. Por tanto, “una directiva europea, instrumento jurídicamente vinculante para los Estados miembros, es un camino muy mal elegido”.

 Los sindicalistas firmantes de la tribuna recuerdan que “nuestro sistema de protección social y nuestro bienestar, dos piedras angulares de nuestra sociedad, están íntimamente ligados al modelo de relaciones entre los interlocutores sociales”. El intervencionismo legislativo está de hecho restringido, a diferencia de otros países europeos –no digamos España, con su inflación normativa y el inmoderado y poco constitucional recurso al decreto-ley. 

Tal vez por esto, así como por el profundo respeto de las exigencias de la ética pública, las autoridades de los países nórdicos están en una posición muy favorable respecto de la confianza de ciudadanos activos. Al contrario, el exceso de medidas coercitivas -más aún si reflejan un clima opaco y de dudosa veracidad- amplían la brecha de confianza entre gobernantes y ciudadanos: después de sufrir la pandemia, agravada por una estrategia sanitaria deficiente, se sienten sancionados por quienes deberían serlo por falta de una mayor diligencia.

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