La encrucijada histórica del Tribunal Supremo de EEUU
Mal de muchos, consuelo de tontos. La nostalgia de aquel tiempo de consenso democrático que hizo posible la Transición, debería llevar a intentos de recuperación y no de olvido, aunque exista en el mundo, y no sólo en España, demasiada crispación pública. Tal vez, el gran incremento del bienestar en las sociedades desarrolladas ha disminuido la capacidad de aguante y de compromiso en las diversas esferas de la vida humana. Como si costase aplicar la racionalidad para encauzar reacciones excesivamente viscerales. Sin caer en intelectualismos a ultranza, los sentimientos deben someterse a la razón..., no necesariamente jurídica.
Porque en estos tiempos han crecido los procesos judiciales derivados de cuestiones políticas que deberían haberse zanjado en los parlamentos o dilucidado en elecciones democráticas. No toda responsabilidad política comporta una responsabilidad penal, aunque ésta también puede existir, como vemos en tantos países que luchan contra la corrupción. El colmo quizá es demandar a un gobierno –como el francés-, por no haber cumplido los compromisos que asumió en sede internacional sobre la lucha contra los efectos del cambio climático.
Políticos y gobernantes no están exentos de responsabilidades penales. De hecho, el privilegio de inmunidad procesal es una reliquia histórica contra la que se sigue estrellando el principio de igualdad ante la ley. Con el riesgo de que acaben prevaleciendo los juicios en medios de comunicación y redes sociales, con destrucción de la presunción de inocencia y mengua de los derechos de defensa. La enfermedad es tan antigua al menos como Maquiavelo. Pienso en la España franquista: en inocentes imputados en un caso complejo, como Matesa, que fueron indultados por el dictador, es decir, condenados sin juicio, porque el poder controlaba la información. Espero, por el bien de España, que no le toque la misma china al Rey emérito, que podría ser condenado sin juicio por fiscales que se rigen, entre otros, por el principio de jerarquía.
Algo de todo esto se atisba en serios problemas sociales de Estados Unidos, que sus líderes no consiguen encauzar adecuadamente. Existe una fractura real, que se refleja en la exigua mayoría que alcanzan quienes llegan al poder. Los sabios contrapesos democráticos, que nacieron para evitar tentaciones autocráticas, hacen difícil la imposición de enfoques que tienen casi los mismos apoyos que críticas. Y, frente al clásico filibusterismo parlamentario, se va ampliando el recurso a fórmulas que llevan el debate ante el Tribunal Supremo de la nación, para que éste dirima los conflictos.
En el sistema anglosajón, el juez no se limita a interpretar y aplicar la legalidad. Se le concede capacidad creativa, por la importancia que el sentido práctico –más que mero pragmatismo- confiere a la valoración de cada caso, con sus propias circunstancias, que puede exigir soluciones distintas a las de los precedentes.
Como no hay sistemas perfectos, el riesgo en los debates de sociedad es la orquestación de casos-límite, que llegan a los jueces después de amplísimas campañas de opinión. Las prácticas demoscópicas están muy desarrolladas en Estados Unidos. Se cuantifican y publican las opiniones, sobre cualquier asunto debatido, en relativamente poco tiempo, y con suficiente profesionalidad. Se trata de conseguir que los tribunales no decidan en contra de una opinión pública mayoritaria, calibrada cuantitativamente por medio de encuestas serias. Algún juez veterano del Tribunal Supremo ha declarado que nunca se había sentido tan presionado como en los últimos tiempos. Y no es para menos, porque se avecinan momentos en que deberán decidir sobre grandes cuestiones.
En manos de los nueve jueces está zanjar conflictos sociales que ha evitado hasta ahora abordar de raíz. Va a examinar la constitucionalidad de leyes como las de Mississippi o Texas muy restrictivas del aborto, autorizado por la famosa sentencia Roe vs. Wade. No menos controvertida parece la ley del estado de Nueva York, que condiciona el derecho a portar armas, y ha sido recurrida por la no menos famosa Asociación Nacional del Rifle. De otra parte, en los últimos tiempos, aunque parezca paradójico en Estados Unidos, está en juego la libertad religiosa en diversos casos, que supondrían discriminaciones por parte de autoridades públicas, sobre todo en materia de becas y ayudas a la educación. Otros temas delicados, en fin, se refieren a la pena de muerte y a las violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Ciertamente, se puede hablar de una mayoría conservadora en el Supremo. Pero la historia reciente muestra la libertad de criterio de los jueces, mucho más matizada, a la hora de emitir su voto, de lo que sugieren las apariencias. En todo caso, serán protagonistas principales de una encrucijada histórica.
