El gobierno de Italia se aleja de la Unión Europea
En medio de tantos y tan importantes asuntos planteados hoy en el mundo, apenas se dedica espacio a la crisis que sufre Italia en estos momentos. En el gobierno de coalición surgido de las últimas elecciones se están imponiendo criterios identitarios, que vienen a dar la espalda a los intentos de Merkel y Macron de renovar la ilusión común por la construcción de la Unión europea.
Los primeros pasos afectaron a la política migratoria, que cuajó en el llamado Decreto Salvini. No faltan voces que le acusan de cierto racismo y xenofobia, frente a la versión oficial de que sólo pretende eliminar la inmigración ilegal y evitar la entrada en Italia de terroristas, así como fortalecer los servicios policiales y de seguridad. Ciertamente, las abundantes cumbres europeas de los últimos años no han servido para establecer normas claras comunes sobre inmigrantes y derecho de asilo en los países miembros. Pero sí hay unas tendencias dominantes, de las que Italia se aparta. Paradójicamente, busca la complicidad de Austria, Hungría y Polonia, estas dos en el punto de mira de Bruselas... Y recibe el apoyo de Marine Le Pen, que viaja esta semana a Roma…
El Decreto establece requisitos formales clásicos ante las peticiones de residencia o asilo, pero no tanto para facilitar la concesión, sino, al contrario, para dificultarla o evitarla: es el sentido de los centros establecidos para los solicitantes antes de su repatriación, es decir, expulsión, justificada por una amplia gama de conductas ilícitas previas, compatibles aparentemente con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Se suprime el permiso de residencia por razones humanitarias, aunque admite permisos temporales en seis casos: víctimas de explotación laboral grave, de trata de seres humanos, de abusos domésticos, de catástrofes naturales graves, así como necesidad de atención médica, o personas protagonistas de actos de especial valor civil. Se prevé también la finalización, adaptación y reestructuración de los centros de retorno presentes en el territorio y la construcción de otros, de modo que exista al menos uno en cada región. Como es natural, el texto prohíbe la reentrada en Italia de los extranjeros expulsados de otros países de Schengen.
La norma endurece los requisitos para adquirir la nacionalidad italiana y estable la privación de la ciudadanía en caso de condena firme por terrorismo de un extranjero que la hubiera obtenido previamente. Una medida similar fue anunciada por el presidente francés François Hollande tras las masacres yihadistas de Francia en la etapa final de su mandato, pero no llegó a cuajar en una ley aprobada por el Parlamento. La decisión italiana podría ser precedente para otros países de Europa.
Entretanto, no faltan voces que señalan esta política migratoria como una cortina de humo que cela las profundas turbulencias económicas, que podrían provocar una crisis mucho más grave que la sufrida desde 2010 por Grecia. Tendría una influencia perturbadora para la Unión, especialmente para la zona euro. El PIB italiano representa el 15,4% de esa zona, frente al 1,6% de Grecia, y la deuda pública alcanza los 2.263.000 millones de euros, frente a los 356.000 de Grecia en 2011, y los actuales 317.000.
En realidad, Italia sufre el peso de tiempos demasiado alegres en materia de deuda pública: los errores del pasado resultan lesivos mucho tiempo después, y exigen medidas impopulares, en la línea de reducción del gasto público con incremento de la presión fiscal. Al final, aumenta significativamente el desempleo –agudizado entre los jóvenes- y se detiene o, incluso, disminuye el crecimiento económico medido por el PIB. Y no hay indicios de que el voto de castigo antisistema vaya a contribuir a la solución de los problemas.
La piedra de toque está en el marco general del presupuesto italiano para 2019 y los objetivos para los dos años siguientes: un texto de unas 150 páginas, acordado entre los ministros del Movimiento 5 Estrellas con la Liga (antes “del norte”). En su presentación se refleja la clásica creatividad lingüística de los políticos trasalpinos: por “primera vez en la historia”, se elabora un “presupuesto del pueblo”, lógicamente “al servicio de los italianos”. Pero la coyuntura no es propicia para alegrías, dentro de la desaceleración económica, debilitada estructuralmente –como en los países vecinos- por el envejecimiento demográfico.
En ese contexto, reaparece la necesidad de una política común más exigente, prevista en el Tratado de Maastricht, pero nunca llevada a término ante las dificultades de algunos de los países miembro. No se produce la efectiva unificación que contribuiría a la solución de los problemas, como sucede en los EEUU o en otros Estados federales... Y Bruselas se convierte en ese chivo expiatorio de los propios errores que justifican indirectamente los sentimientos antieuropeos de los nuevos partidos nacionalistas... que, de hecho, están hoy en la cúspide del poder en Italia.
