De los hooligans británicos a las víctimas de Qatar
Nadie habría imaginado que los problemas sufridos por los hooligans del Liverpool en la final de París acabarían provocando un gran debate político en antevísperas de las elecciones legislativas francesas. Ciertamente, en las últimas temporadas creció la violencia en los estadios del país vecino, por una acusada rivalidad entre los equipos de ciudades no siempre bien avenidas: fue necesario suspender partidos, recuperarlos a puerta cerrada, imponer sanciones deportivas y económicas, incrementar la presencia y represión policial, que ha aumentado en general durante el mandato de Macron.
Se acusa ahora al gobierno –para horadar electoralmente a los partidos que le apoyan- de no haber tomado medidas, como se ha hecho en otros países. Al dejarlo todo en manos de las fuerzas de seguridad, se ha producido de hecho un mimetismo con la actuación policial ante manifestaciones de masas, sin distinguir las diversas circunstancias que concurren en eventos muy distintos.
En los sucesos recientes en torno a la final de la Champions, se han evocado graves errores organizativos que estuvieron en el origen de la tragedia de mayo de 1985 en el Estadio Heyssel de Bruselas: 39 muertos, antes de la final de la copa de Europa entre Liverpool y Juventus). Mucho peor fue cuatro años después en la semifinal de la copa inglesa en el estadio Sheffield, con el terrible balance de 95 muertos: esta vez el Liverpool se enfrentaba al Nottingham Forrest.
Por fortuna, en París no hubo víctimas humanas, a diferencia de aquellas otras tardes aciagas. Pero las autoridades francesas fallaron de plano: no previeron la cualidad específica de los seguidores del club británico; tampoco la proximidad del estadio a uno de los banlieu más peligrosos del país, facilitaría la violencia de las pandillas que pegaron y robaron –móviles, carteras- a los seguidores de ambos equipos al final del partido.
En conjunto, Francia ha transmitido una mala imagen al mundo, que se utiliza ahora como arma arrojadiza en la campaña electoral. Se acentúa así el eco de las voces desconfiadas que surgen en diversos lugares del mundo, respecto de la seguridad en las olimpiadas de 2024, que se celebrarán en París.
Pero no deja de resultar asombrosa la magnitud del revuelo, frente a la cortina de silencio que oculta la tragedia de Qatar, ocurrida durante la construcción de estadios y servicios indispensables para el ya próximo mundial de fútbol. El emirato desmintió a comienzos de 2021 la información del diario británico The Guardian, que cifraba en más de 6.500 el número de trabajadores emigrantes muertos desde la atribución del mundial en 2010. Pero Doha no ha publicado números. En el 30% de los certificados de defunción se atribuyen las muertes a causas naturales, como insuficiencias respiratorias o fallos cardíacos. Pero no están determinadas en el 70% restante. No se ha difundido mucho, salvo error por mi parte, el informe de Amnistía Internacional publicado a mediados de mayo.
Suele suceder que este tipo de informes de ONG redondea las cifras al alza. Pero desde hace años se conocen las violaciones de derechos humanos básicos que sufren los obreros de la construcción –emigrantes de diversos países asiáticos- en los emiratos árabes: prácticas abusivas de horarios y condiciones de un trabajo desarrollado bajo un calor sofocante, con evidente descuido del necesario descanso dentro y fuera del tajo. De hecho, los alojamientos dejan mucho que desear…, a pesar de las llamadas de atención por parte de la OIT, la organización internacional del trabajo, que tiene su sede también en Suiza, como la FIFA…
Ciertamente, se derogó en 2018 el sistema de la kafala, que sometía a los emigrantes a una auténtica esclavitud. Lo comenté en ECD el 18 de septiembre de ese año, después de tres en que se habían superado las 1200 muertes de trabajadores, sobre todo de India, Nepal y Bangladesh. Pero la FIFA, al conceder a Qatar la organización del evento, no tuvo muy en cuenta las exigencias laborales de quienes iban a construir los estadios. Por lo demás, según AI, a pesar de las reformas del ordenamiento jurídico laboral promulgadlas en el emirato, persisten los problemas estructurales y miles de trabajadores son víctimas de abusos y explotación.
De ahí que la ONG haga una llamada al establecimiento de un programa de reparación de daños por las violaciones cometidas, incluido el reembolso de los gastos de contratación ilegales cobrados a decenas de miles de trabajadores. Recomienda que la FIFA cree un “fondo de indemnización” para ellos y para las familias de los lesionados y muertos en Qatar, en una cuantía que no sea inferior, al menos, a los 440 millones de dólares que recibirán en primas los equipos participantes. Lógicamente, Qatar, uno de los países con renta per cápita más alta del mundo, debería financiar también estos programas.
