Inquietud en Francia ante la reforma de procesos, jueces, fiscales y cárceles

Resulta paradójico que en la tierra de Montesquieu y Tocqueville se planteen reformas –un tanto bonapartistas- que suponen de hecho un relativo quebranto de la división de poderes. Las consecuencias serán perjudiciales para los ciudadanos, en una época en que, además, existe cierto declive del derecho a la información. En todo caso, sin una administración de justicia independiente y sin dilaciones indebidas, la salud ética de la sociedad se viene abajo.

Si fuera ciudadano francés, no daría mi confianza a Emmanuel Macron, porque no me gusta su actitud ante la justicia. Falla, a mi entender, en los dos pilares básicos: la concesión de los recursos presupuestarios indispensables, y el respeto a las tradiciones procesales, que no pueden olvidarse –al contrario- cuando se intenta modernizar y simplificar los procedimientos.

No conozco el pacto sobre presupuestos alcanzado entre el gobierno español y el partido Podemos. Temo que sigan los hábitos políticos de las últimas décadas, que no afrontan el grave problema de la administración de la justicia: abonan la suspicacia de quienes piensan que no les interesa, justamente porque los partidos tienen demasiadas cuentas pendientes en los tribunales.

Pero también la justicia sufre en Francia dificultades presupuestarias, a pesar del aumento nominal de un 3,9% en 2018. El proyecto de ley que se debate en el Senado prevé un aumento del 20% en el presupuesto de justicia en cuatro años. Pero hoy por hoy los recortes parecen llegar a extremos cicateros, como la reducción de jueces interinos –alrededor del 10% de los jueces efectivos- o la disminución de personal contratado para agilizar el funcionamiento de las oficinas judiciales: preparación de expedientes, investigaciones sobre jurisprudencia, peritajes, traducciones.

Una magistrada temporal se quejaba en las columnas de Le Monde, también por lo que afecta a la independencia e inamovilidad de los jueces: “Fui nombrada por cinco años por el Consejo superior de la magistratura, único órgano que puede sancionarme. Ni siquiera el Presidente de la República podría quitarme mis poderes. Sin embargo, me vi privada de mis funciones y del sueldo. Nunca me habían humillado así en mi carrera".

De momento, el Senado –donde tiene mayoría la oposición conservadora- está enmendando a fondo los artículos del proyecto gubernamental. En primer lugar, con un aumento del 33% en el presupuesto durante el período 2018-2022. Donde el gobierno prometía 6.500 nuevos puestos, el Senado ha aprobado 13.700. Al menos, exigirá una segunda lectura en la Asamblea, donde sí domina el partido de Macron.

Otro frente de crítica es el fortalecimiento de los poderes de la fiscalía en la instrucción de los procesos penales. En nombre de la simplificación, el texto prevé la posibilidad de que los fiscales soliciten controles telefónicos, geolocalizaciones y otros sistemas de escucha en investigaciones preliminares o ante flagrantes delitos punibles con una pena de tres años de prisión o más. La Comisión del Senado elevó este umbral a cinco, por considerar que la suspensión de las libertades era desproporcionada.

Desde luego, no parece razonable ampliar los poderes del fiscal, mientras no se lleve a cabo la reforma de la Constitución sobre independencia del ministerio público. Entretanto, se recuerda que el Consejo de Estado manifestó la falta de garantías procesales para la supervisión de la instrucción por el juez independiente responsable de velar por las libertades y la detención preventiva, en caso de aplicar estas técnicas de investigación hoy reservadas al terrorismo y a la delincuencia organizada.

Por otra parte, se discute en Francia desde hace años sobre las prisiones, porque la población carcelaria excede con mucho las plazas disponibles. Algunos proponen una reforma de la prisión provisional, para evitar ese hacinamiento. Así como reformas en línea de los acuerdos americanos que evitan en muchos casos el ingreso en prisión. Pero Emmanuel Macron prometió en campaña 15.000 plazas adicionales durante su quinquenio, mientras que en el actual proyecto se prevé entregar 7.000 para 2022 e iniciar antes la construcción de otras 8.000. Por esto, el Senado ha votado a favor de las 15.000, aunque dude de la capacidad del gobierno de cumplir siquiera el objetivo mínimo de las 7.000.

 

A comienzos de septiembre había 70.164 reclusos en las cárceles, que cuentan en total con 59.875 plazas. (En España había 59.121 presos a finales de 2017). La proporción de presos en espera de juicio alcanza el 28%. Otro 28% de encarcelados corresponde a enfermos mentales (7% de esquizofrénicos, 21% de psicópatas en general). Y aumenta año tras año el número de suicidios. Así como la frecuencia de reincidentes, actualmente el 61%.

Pero queda pendiente el debate sobre la reforma de las prisiones, también prometido por Macron. Se basaría en dos pilares: efectividad y dignidad de la pena. Su idea es recuperar el pleno sentido de la sanción de los delitos. La pena debería ser cumplida en los mismos términos en que la pronunció el tribunal, para asegurar el doble objetivo de proteger a la sociedad y facilitar la reinserción de los condenados. El problema no es tanto teórico, como práctico, especialmente en la búsqueda de una alternativa más eficiente.

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