La necesidad de una política europea sobre inmigración
No sé si Bruselas interpela o no a Madrid sobre la tragedia sufrida en Ceuta por inmigrantes que pretendían entrar clandestinamente en territorio español. En cualquier caso, se trata de un suceso muy grave, aunque no tanto como los de Lampedusa. Pero la posible requisitoria, como antes a Italia, recuerda el viejo refrán de ponerse la venda antes que la herida, pues la política migratoria comunitaria está más bien estancada.
Se ha recordado ese parón, tras el referéndum celebrado en Suiza, que ha coincidido en el tiempo. Lógicamente, la Unión Europea lamenta los resultados de la consulta, pues significará la derogación de privilegios comunitarios, derivados de los acuerdos que entraron en vigor en 2002 sobre libre circulación de bienes y personas. Croacia ha empezado ya a pagar las consecuencias.
La iniciativa sobre “detener la inmigración masiva”, se planteaba por la populista Unión democrática del centro en un país próspero, con poco más de un 3% de paro; recibió una respuesta afirmativa –más emocional que racional‑, aunque por exigua mayoría. El gobierno federal tiene ahora tres años para poner en práctica la propuesta de la UDC, que requerirá renegociar el acuerdo de libre circulación con la UE. Exigirá concretar las cuotas de inmigración y definir los términos de la prioridad de contratación de ciudadanos suizos.
Ha prevalecido la defensa de la identidad, más ligada a zonas rurales que urbanas. Porque Suiza no tiene problemas de falta de plazas en centros educativos o en transportes públicos, o de embotellamientos de tráfico en las carreteras, ni de alquileres descomunales de los apartamentos en las grandes ciudades. De hecho, en las zonas donde vive la mayor parte de los nuevos inmigrantes, como Zurich, Ginebra o el cantón de Vaud, la iniciativa fue rechazada, a diferencia de lo sucedido de las zonas rurales conservadores, donde hay menos inmigrantes y más parados.
Diversos medios subrayan el aumento del euroescepticismo y la xenofobia, así como el alejamiento de valores comunes con otros pueblos de Europa. Pero algunos diarios suizos rechazan interpretaciones simplistas que acentúan un aislamiento más o menos egoísta de la población. Insisten en que no se votó contra los extranjeros, sino a favor de la propia identidad y de la soberanía nacional: Suiza seguirá siendo uno de los países más democráticos, tolerantes y altruistas del mundo. Continuará creyendo en las virtudes de la democracia, especialmente las de la democracia directa, de acuerdo con la tradicional apelación a frecuentes referéndums populares.
Se impone quizá trascender estos hechos y revisar los comportamientos actuales de los gobiernos europeos, para tratar de formular una política conjunta sobre migraciones y asilo. Aparte de razones clásicas basadas en la búsqueda de mejores condiciones de vida, cada vez se nota más la presión derivada de los conflictos violentos en África y en el Oriente Próximo.
El Parlamento europeo, dentro de su actividad legislativa omniabarcante, aprobó hace unos cinco años las grandes líneas de una política común en esta materia. A pesar de la crisis económica, reconocía la necesidad de la mano de obra extranjera, exigida en la mayor parte de los Estados miembros por el progresivo envejecimiento de la población. Se establecían criterios –demasiado generales‑ para favorecer el imperio del derecho, frente a la inmigración clandestina. Obviamente, las soluciones no discurrían por la vía penal: muy al contrario, se intentaba evitar la consideración delictiva de los “ilegales”.
Pero el problema de fondo no ha desaparecido, porque la mayor parte de los Estados no parecen dispuestos a renunciar a su soberanía. Cuando se producen tragedias como las de Lampedusa o Ceuta, se siente más la necesidad de esa política común, que incluiría el establecimiento de acuerdos con los países de origen.
Por otra parte, crecen movimientos europeos xenófobos. Así, en Francia, el Frente Nacional de Le Pen podría ser la segunda fuerza en las próximas elecciones europeas, por delante del partido socialista. El tirón de sus planteamientos depende mucho también de la apelación a la inseguridad. Ciertamente, es un problema social en las democracias europeas, pero no depende sólo del control de fronteras y migraciones. Muchas manifestaciones de violencia proceden del decaimiento de valores clásicos, así como del excesivo fracaso escolar, especialmente en las barriadas extremas de las grandes ciudades, dominadas o no por inmigrantes.
El control, facilitado por soluciones técnicas nuevas, no resolverá los problemas. Hace falta ir al fondo de las cuestiones, sin populismos, pero tampoco con criterios sólo económicos o tecnocráticos: el tema merece un gran debate, que no deberían hurtar los partidos en la próxima campaña ante las elecciones europeas.
