Opinión

Pensar mucho más a fondo el presente y el futuro del estatuto laboral

Oficina.
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La aceleración de la revolución tecnológica no parece compatible con la configuración tradicional de las relaciones de trabajo. No se trata sólo de la vieja cuestión del efecto negativo de las excesivas cargas sociales sobre la creación de empleo. Como en tantos otros aspectos de la modernidad, son demasiadas las paradojas que se producen, en nombre de la libertad o de la solidaridad, o de las múltiples regulaciones de las maquinarias legislativas a todos los niveles.

Basta pensar en las normas europeas sobre protección de datos, que exigen una organización práctica que no está al alcance de muchas empresas. Tampoco parecen sensatas las recientes disposiciones españolas sobre control de horarios en la jornada de trabajo. Se persiguen buenos fines, como la protección de la privacidad o la lucha contra fraudes en materia de horas extraordinarias. Pero distan de ser acertados los medios dispuestos por los reguladores.

Más graves son los problemas que surgen con la globalización de la economía: la eficiencia del sistema se cobra demasiadas víctimas, tanto en los países desarrollados –por el cierre de factorías-, como en los trabajadores del tercer mundo, constreñidos a aceptar condiciones leoninas, aunque mejoren los puntos de partida.

Hace tiempo que no veo en la prensa internacional noticias sobre nuevas víctimas entre los trabajadores que construyen en Qatar espectaculares estadios para un torneo mundial de fútbol que, inexplicablemente para mí, se celebrará en esa región del Golfo pérsico. Pero Le Monde dedicaba hace unos días un reportaje a multinacionales de la industria textil que fabrican sus productos en Etiopía. El asunto es complejo. No se puede simplificar con maniqueísmos. Pero los datos dan mucho que pensar.

Los etíopes son los trabajadores peor pagados de la industria mundial de la confección, muy por detrás del siguiente: 26 dólares (23 euros) al mes. Etiopía, un país muy poblado y muy pobre, aspira a convertirse en el principal centro manufacturero del continente africano, a base de un tremendo dumping social: los trabajadores de Bangladesh ganan 95 dólares al mes; los de Kenia, 207, y los de China, 326. Pero los bajos salarios llevan a una menor productividad, a conflictos colectivos y a una excesiva rotación.

En algunas ciudades españoles sigue latente el conflicto entre los taxistas y las nuevas empresas del sector. En ese contexto, me ha interesado seguir las protestas de los conductores de Uber en una decena de ciudades estadounidenses, comenzando por San Francisco, justo cuando la empresa decide cotizar en Bolsa. Los manifestantes critican la falta de transparencia de la empresa, así como las prácticas leoninas en la retribución: “En cada carrera, consolido su riqueza a mi costa”. Porque serían los conductores quienes tomarían de veras los riesgos del futuro de Uber. De hecho, la asamblea legislativa de California está considerando un proyecto de ley que les convertiría en empleados.

El colmo de la “uberización laboral” se proyecta en la contratación de estudiantes para realizar pequeños trabajos temporales, como camarero, vendedor, gestor de almacén, distribuidor de folletos… Alguna empresa –digital y teóricamente moderna- les exige que se declaren “autónomos”, para evitar que sean considerados jurídicamente empleados. Ciertamente, puede ser solución para una actividad con poca plantilla y para gente joven que necesita dinero a corto plazo: trabaja cuando puede y cuando quiere. De momento, avanzan los promotores de plataformas que median entre trabajador y empresa. Y afecta a universitarios, que tienen cobertura médica y no están aún preocupados por el futuro: desempleo, maternidad, vejez… Como es lógico, las clásicas empresas de trabajo personal, reguladas con normas estrictas, protestan por la posible competencia desleal.

Repito que se trata de fenómenos complejos, con luces y sombras. El mayor problema es quizá la relativa instrumentalización en términos de “competitividad” de las prestaciones laborales. Sin duda, existe un exceso de regulación, de cargas fiscales y sociales. Pero el interés o el beneficio inmediato no puede ser piedra basilar de la economía del futuro: está en juego la dignidad de la persona y la realidad de que unos sistemas humanizan y otros deshumanizan.

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