Un plan de acción mundial contra las modernas esclavitudes
De ahí el recurso a países donde la mano de obra no especializada resulta más barata. La decisión puede ser legítima, siempre que no se traspase el umbral de la dignidad de la persona. Como sucede, en dirección contraria, con la utilización de emigrantes en tareas fijas o temporales –por ejemplo, vendimias o recolección de frutos diversos-, algo bien conocido en España desde tiempo inmemorial: los jornaleros de Galicia recogían las cosechas del trigo de Castilla, o los españoles se ganaban un buen sobresueldo en la vendimia francesa, más tardía que la hispana.
Pero la realidad moderna es que están aflorando nuevas esclavitudes. Lo he recordado al leer algunas informaciones en antevísperas de las semanas sociales de Italia –nº 48 de su historia-, celebradas en Cagliari del 26 al 29 de octubre. El tema central ha sido "El trabajo que queremos: libre, creativo, participativo, solidario".
En otro congreso, celebrado la semana anterior en Roma, se ha recordado el sentido teológico del trabajo. Ciertamente, parece aceptarse por todos que no es un castigo divino por el pecado de origen. Pero no se reduce a un medio para obtener recursos que permitan la supervivencia. Para la inmensa mayoría de los bautizados es el lugar de su llamada divina en medio del mundo, donde han de vivir la plenitud de la existencia cristiana, tanto en el plano personal, como en la construcción coherente de las realidades humanas. En todo caso, de acuerdo con principios de la doctrina social de la Iglesia, apoyados en la dignidad personal y en la búsqueda del bien común.
En ese contexto, Caritas italiana ha hecho público un dossier informativo con el título "Por un trabajo digno: bien común y derechos en Asia y en el mundo". En países desarrollados se han abordado reformas –como las ordenanzas promovidas en Francia por el presidente Macron-, que simplifican jurídica y económicamente las relaciones laborales. Pero en tantas zonas del Tercer Mundo sigue pendiente la promulgación de leyes sobre el trabajo que impidan la existencia de auténticas esclavitudes.
Según el informe italiano, unos 25 millones de personas viven en situación de trabajo forzoso: 16,5 millones en Asia y el Pacífico, 3,4 en África, 3,2 millones en Europa y Asia Central, 1,3 en el continente americano y 350.000 en los países árabes. El país con mayor porcentaje de población en auténtica esclavitud (4,3 %) sería Corea del Norte. En números absolutos, la India alcanzaría 18,3 millones de esclavos.
No excluyen los fenómenos locales -difíciles de evaluar- de explotación de trabajadores estacionales o de la contratación ilegal, con la consiguiente evasión de impuestos y cargas sociales, sobre todo entre trabajadores agrícolas (las tres cuartas partes, extranjeros). Pero las nuevas y diversas formas de servidumbre constituyen un fenómeno global, particularmente extendido en el continente asiático.
El problema fue tratado a finales de septiembre en Nueva York, dentro de la 72ª sesión de la Asamblea general de las Naciones Unidas. Existen ya convenios y documentos internacionales contra el trabajo forzoso –presente desde tiempo inmemorial en el trabajo la OIT en Ginebra-, la trata de personas o, en fin, las esclavitudes modernas. Pero se plantea un plan de acción mundial, que inspire las políticas de los Estados miembros. No afectará a las soberanías nacionales. Pero, sin duda, estas decisiones de la ONU contribuyen, y mucho, a crear climas de opinión mundial, como ha sucedido, por ejemplo, ante el cambio climático y la conservación de la naturaleza.
En el caso del trabajo, esas tendencias de opinión afectarán además a la imagen de muchas compañías multinacionales, consolidarán el esfuerzo realizado en los últimos años por diversas ONG internacionales, y contribuirá probablemente a articular reformas legales. Así sucedió, por ejemplo, en Tailandia, en materia de maternidad subrogada, a raíz del triste caso protagonizado hace tres años por una pareja de Australia.
Desde luego, no se trata de introducir más limitaciones al libre intercambio internacional. Sí de promover o fortalecer normas y criterios que lo hagan más justo, dentro de reglas del juego comunes, vigiladas por la Organización Mundial del Comercio.
