Opinión

Posibles injusticias estatales al abusar de los datos personales de los ciudadanos

Hasta ahora, las críticas ante abusos de las autoridades públicas amparados en la amplitud de la comunicación audiovisual instantánea, iban dirigidas más bien a evitar la opresión, como sucede en los países –China, repúblicas islámicas- que no dejan de poner límites a Internet, en sus múltiples manifestaciones.

Hong Kong ofrece un caso paradigmático: los manifestantes contra el autoritarismo de Pekín ocultaban sus rostros, para evitar ser reconocidos por la policía a través de la infinidad de cámaras que inundan la ciudad; las autoridades se han apresurado a prohibir en uso de máscaras; los militantes democráticos tuvieron que recurrir –sin éxito- a los jueces: no deja de ser paradójico que la interdicción se aplicase por vez primera en la manifestación que coincide con Halloween. Cada vez se ve con más claridad la causa de ciertos excesos de violencia en la antigua colonia británica: los evidentes abusos policiales para luchar contra la tenacidad de los defensores de la libertad.

La voracidad del intervencionismo público se manifiesta también en otros muchos campos. Llega, incluso, a la comercialización de datos, en aspectos en que las leyes civiles sancionarían a entidades privadas. Los ciudadanos agradecen que el Estado proteja su intimidad, prohibiendo el uso de informaciones necesarias para la prestación de un servicio o la realización de los múltiples actos jurídicos de la vida moderna. El empleo de esos datos ha de limitarse al objeto propio de cada contrato. De modo semejante, la Administración pública no puede usar información recibida para el cumplimiento de un fin específico: fiscal, laboral, sanitario, etc.

De ahí la sorpresa ante una noticia difundida recientemente en España y que no acaba de explicarse adecuadamente a la opinión pública. Escribo, por tanto, con cautela… y con la esperanza de que se aclare el asunto. De entrada, asombra que el Instituto Nacional de Estadística pague un dineral a las grandes compañías telefónicas para realizar un estudio sobre los desplazamientos de los ciudadanos en ocho fechas del año, rastreando las posiciones de los números de móviles. Permitiría conocer los movimientos más comunes en vacaciones, así como medir con más precisión la despoblación rural. Según fuentes de una de las compañías, “la anonimización de los datos con fines estadísticos o de investigación es un tratamiento lícito amparado por el marco jurídico vigente, tanto en materia de protección de datos como de servicios de telecomunicaciones”. Pero no debe de ser tan claro, cuando fuentes de Protección de Datos han pedido explicaciones. En cualquier caso, se comprende la alarma ante la creciente comercialización de informaciones que debería contar con la conformidad expresa de los interesados.

El problema es universal, como se comprueba en las continuas referencias de la prensa internacional a redes como Facebook o Twitter. Anoto titulares leídos recientemente, sin dejar de advertir que no necesariamente responden al contenido preciso de la información; lo hago sólo a título de ejemplo, más allá de las fuertes sanciones por filtración de datos a Cambridge Analytica en 2016: “Facebook anuncia el desmantelamiento de una operación de desinformación rusa en África”, “Facebook presenta una serie de medidas para mejorar la seguridad de las elecciones americanas”, “Mark Zuckerberg defiende la libertad de expresión (un discurso en Georgetown University), pero es criticado por su doble discurso (la aceptación de la censura en el mercado chino)”, “Una discusión interna entre Mark Zuckerberg y sus empleados se filtra a la prensa”, “Las reglas de Facebook no son las mismas para todos (si eres un político)”.

Quizá por esto, y sigo con titulares, “Twitter endurece el control contra los tuits de responsables políticos que no cumplen sus reglas (por ejemplo, si incitan a la violencia), “Twitter prohíbe la publicidad política” (a partir del 22 de noviembre), “Twitter se hunde en la Bolsa, después de haber admitido ‘bugs’ en su sistema publicitario”, “Europa alza el tono contra Facebook y Twitter, para que actualicen sus condiciones de utilización (en cuando al uso de datos personales)”.

Se explica que crezca en Estados Unidos el movimiento contra los excesos de la videovigilancia, especialmente desde el punto de vista del reconocimiento facial (vid., Aceprensa 28 de octubre). San Francisco fue la primera ciudad en prohibir el uso de esa tecnología a los servicios de policía municipales, y otras ciudades la han seguido. Algunos congresistas quieren limitar federalmente su uso en todo el país. Para otros, bastarían normas de los Estados. Y no faltan grandes empresas de software que han suspendido sus contratos con policías porque no consideran aún fiable la técnica, por el llamado sesgo del algoritmo: una decisión oportuna, aunque no entra en el fondo del problema, sino solo en sus deficiencias actuales.

No se pueden poner puertas al campo. Pero no todo el monte puede ser orégano…

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