La primavera egipcia camino de agostarse en otoño

Ya hay fecha para el referéndum que deberá aprobar (sic) la nueva Constitución de Egipto: el próximo 15 de diciembre. El presidente Mohamed Morsi lo plantea como auténtico plebiscito, tras las manifestaciones en contra y las favorables montadas a la salida de las mezquitas. Tiene prisa ante la creciente división popular, y el país necesita ciertamente estabilidad y sosiego, frente al caos y la ingobernabilidad. No puede sostenerse el deterioro económico, agravado también por el bloqueo de préstamos del FMI. Crece la inseguridad ciudadana. Hay síntomas evidentes de tendencia hacia la anarquía. El presidente propugna la "normalidad". Pero, a juicio de la oposición, no al precio de agostar la esperanza democrática surgida después del derrocamiento de Yosni Mubarak a principios de 2011.

La Asamblea constituyente, como es sabido, fue dominada por los islamistas, especialmente por los Hermanos Musulmanes y el partido salafista. Ante las críticas recibidas, de entidad, Morsi apela al pueblo y a la participación política: "Invito a todos los ciudadanos a examinar con precisión y objetividad este proyecto", afirmó en un acto transmitido por televisión. Y añadió: "Renuevo la invitación a la apertura de un debate nacional serio sobre los males de la nación, con toda franqueza, para poner fin al periodo de transición lo antes posible y proteger nuestra democracia naciente".

Pero no es esa la idea dominante en las fuerzas de oposición, sobre todo, después del decreto presidencial que amplía inmoderadamente los poderes del Jefe de Estado. En concreto, impide la crítica a las decisiones presidenciales hasta la elección de un nuevo parlamento, que no se prevé para antes de mediados de 2013. El presidente egipcio insiste en el carácter transitorio del decreto, especialmente pensado contra los jueces, aunque Morsi afirme que desea evitar la politización del poder judicial (en el fondo, quizá fiel a Mubarak, como denotarían sus continuas resoluciones contra el actual proceso político).

Además, se extiende entre cristianos y laicos el temor, fundado, de que la Constitución –al invocar expresamente los "principios" de la sharia como "principal fuente de legislación"‑ no protegerá las libertades fundamentales de los ciudadanos. Entre los manifestantes favorables a Morsi, una de las consignas era "El pueblo quiere la aplicación de la ley de Dios": la coreaban muchos, incluyendo mujeres cubiertas con el velo, con los gritos de su particular ulular. De todos modos, como signo de prudencia, evitaron concurrir a la PlazaTahrir, para evitar una confrontación directa de fuerzas.

Allí practica el sit-in, desde el 23 de noviembre, el Frente de Salvación Nacional (FSN), una coalición de partidos de la oposición liderada por Mohamed El-Baradei, antiguo director de la agencia nuclear de la ONU en Viena, y Hamdeen Sabbahi, que concurrió como candidato a las elecciones presidenciales. Están en contra del proyecto de Constitución, y subrayan el derecho del pueblo a "utilizar todos los medios pacíficos de protesta, incluida la huelga general y la desobediencia civil".

En ese contexto, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, aboga por el fin de la cooperación económica y política entre la UE y Egipto, para presionar a Mohamed Morsi: la UE debe dejar claro que no puede darse esa cooperación "sin una democracia plural en Egipto". "No podemos aprobar golpes de Estado", afirma de modo contundente. Sólo que la experiencia muestra la ineficacia de la presión económica sobre los regímenes islamistas.

Desde luego, el actual caos político de Egipto en nada beneficia el futuro de otros países árabes en lucha contra tiranías endémicas si, como parece, una dictadura acaba siendo sustituida por otra. No sería la primera vez en que –basta recordar a Argelia‑ se consigue un apoyo popular masivo en las urnas..., convenientemente manipuladas.

El proyecto de Constitución presenta elementos más democráticos, como el reconocimiento de la libertad de culto (aun restringida a las tres confesiones enraizadas históricamente en el país), y limita la duración del mandato presidencial. Pero resulta francamente sospechosa la presión islamista sobre el Tribunal Constitucional de El Cairo.

Todo esto explica la máxima y lógica inquietud de la comunidad internacional. Hay ya demasiados indicios de que no se producirá la deseable salida democrática a la situación.