Opinión

El redescubrimiento de las organizaciones de la sociedad civil

Varios miembros de la Despensa Solidaria de Chamberí reparte alimentos a familias vulnerables en la Plaza de Chamberí frente a las puertas de la Junta de Distrito, en Madrid (España), a 13 de marzo de 2021.
photo_camera Varios miembros de la Despensa Solidaria de Chamberí reparte alimentos a familias vulnerables en la Plaza de Chamberí frente a las puertas de la Junta de Distrito, en Madrid (España), a 13 de marzo de 2021.

La lucha contra la pandemia exigiría dejar de lado clásicas y estériles polémicas sobre privado-público, pero algunos persisten en conceder prioridad a su ideología caiga quien caiga: basta pensar en discriminaciones recientes contra la sanidad o la escuela privada. Muestran una miopía que impide ver que la clave de los necesarios servicios comunes no está en la titularidad de la gestión, sino en la universalidad y el respeto de los objetivos de acceso a las prestaciones.

No es el caso de Alain Touraine, primer firmante de un largo escrito publicado en Le Monde el pasado 27 de marzo, auténtico redescubrimiento de la sociedad civil por parte de un prestigioso sociólogo, no precisamente de la derecha intelectual. Me parece un signo de esperanza, en un país demasiado centralista, que puede ayudar a los ciudadanos a detener y superar -a base de iniciativa- la actual desconfianza en los gobernantes.

La crisis horada el fundamento profundo de la solidaridad dentro de la Unión Europea. Tal vez por un exceso de planificación centralista en el proceso de vacunación, se está produciendo demasiada ineficacia, que provoca nostalgia de épocas recientes en que se acentuó la importancia del principio de subsidiariedad en la vida de la Comunidad.

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La actual coyuntura agudiza la necesidad de abordar con nuevos enfoques el funcionamiento de los servicios públicos propios del estado del bienestar. No es justo ni prudente romper pactos –quizá implícitos- que excluyen cuestiones básicas de la lucha política. Se impone ir a una lógica más objetiva, que modernice a fondo la gestión del interés común, frente a planteamientos partidistas o sindicales tantas veces arcaicos. Ciertamente, son discutibles las dimensiones de los servicios públicos, pero lo importante es asegurar la prestación eficaz de los servicios.

Y ahí entra en juego la participación de la sociedad civil: el reconocimiento por la autoridad pública de la capacidad de resolver tantos problemas por parte de iniciativas sociales, sin necesidad de la intervención estatal o equivalente. Repito: reconocimiento, no delegación, porque sería absolutismo –aun democrático- afirmar la primacía de las administraciones públicas sobre las organizaciones ciudadanas libres. Tampoco mera descentralización, aunque ésta se impone como contrapunto casi obligado del proceso de globalización.

Alain Touraine, al frente de una amplia relación de investigadores, arranca de un hecho: las organizaciones de la sociedad civil (OSC) llegan a donde el Estado no llega. Consideran que es necesario imaginar una nueva arquitectura institucional para dar  espacio y estatus a estas iniciativas, de acuerdo con su creciente papel cívico. También para evitar las incertidumbres económicas y jurídicas que debilitan su capacidad de atender a tantos objetivos, distribuyendo adecuadamente las distintas responsabilidades para satisfacer las necesidades sociales primarias -alimentación, educación o salud- y garantizar el funcionamiento de los servicios básicos.

En su análisis sintético, los autores del documento advierten las notorias diferencias entre las regiones del Norte y las del Sur, casi dos mundos distintos. Pero en todas partes se comprueba que OSC asumen misiones de protección que habían sido hasta entonces consideradas competencia exclusiva de los poderes públicos. Acaban garantizando el acceso a la atención sanitaria, ayuda alimentaria, asistencia escolar o protección de las poblaciones más vulnerables; pero no siempre reúnen condiciones para asegurar la calidad y la continuidad; ni tampoco está bien definido su estatuto jurídico, sobre todo, en relación con los poderes públicos, para garantizar su legitimidad y evitar presiones o intromisiones injustas. De otra parte, las características de su financiación –dependiente de subvenciones y donativos, si no hay detrás una fundación sólida- afectan a la universalidad y la sostenibilidad de los servicios, así como a la elección de prioridades.

La vitalidad de la sociedad civil supera la clásica figura de la “concesión”, a la que se aferran inexplicablemente algunos ordenamientos jurídicos. Y sugiere más bien la necesidad de organismos de coordinación, que faciliten de veras soluciones solidarias, especialmente en tiempos de crisis.

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