La reforma sanitaria de Obama, contra la libertad religiosa
Los retoques prometidos ante la protesta enérgica de las autoridades religiosas, no resultan convincentes. Más de cien intelectuales católicos, protestantes y judíos han firmado una declaración que respalda el comunicado de los obispos, a partir de una iniciativa de la Facultad de Derecho de Notre Dame (por paradoja, Obama es doctor honoris causa por esta Universidad desde 2009).
A la antigua crítica republicana celosa de la libertad del ciudadano, se une ahora algo mucho más delicado, porque afecta a las conciencias. Pero da la impresión de que, para Barack Obama, el fin justifica los medios: está decidido a garantizar que las mujeres –cualquiera que sea su lugar de trabajo– tengan acceso gratuito a los diversos métodos anticonceptivos.
Todo esto sucede en un periodo preelectoral en el que, quizá mucho más que en convocatorias precedentes, se habla bastante de la religión de los candidatos, especialmente entre las figuras más destacadas de los republicanos. De hecho, en medio del frenesí de las primarias, surgen continuas referencias a estas recientes decisiones del Presidente.
Inicialmente, se esperaba el respeto a la objeción de conciencia, de manera que las instituciones confesionales no estuvieran obligadas a cubrir en el seguro sanitario prestaciones como la distribución de anticonceptivos, la llamada píldora del día después o las esterilizaciones (aparte, claro está, del aborto provocado). Pero el reglamento de la secretaría de Sanidad, dictado a finales de enero, no introdujo esa excepción.
Ante el rechazo radical, con amenazas de desobediencia civil y de presentación de recursos ante el Tribunal Supremo por violación de la primera enmienda, se han revisado las disposiciones reglamentarias. Se ha llegado a una solución aparentemente salomónica, que no contenta a casi nadie: las instituciones confesionales en el ámbito educativo, sanitario o simplemente asistencial, no pagarán por esos servicios; la obligación se traslada a sus aseguradoras privadas, que deberán cubrirlos sin recargos en las pólizas.
El cambio de criterio práctico mantiene lo esencial, aunque admite una excepción para determinadas iniciativas vinculadas a convicciones religiosas. Pero como reflejaba hace poco un editorialista del Wall Street Journal, al transferir la responsabilidad a las entidades aseguradoras, muestra que "la Casa Blanca quiere imponer su ideología del control de la natalidad a todos los estadounidenses".
No conozco aún la reacción de las compañías. Como recuerda Juan Meseguer en un reciente artículo, el embarazo no es una enfermedad (cfr. http://www.aceprensa.com/articles/evitar-el-embarazo-con-dinero-de-quien/): "la libertad de conciencia sigue estando amenazada en EE.UU. Es lo que sostiene Mathew J. Franck en un artículo publicado en Public Discourse. Las instituciones de inspiración religiosa, dice Franck, no son los únicos titulares de la libertad de conciencia: las mismas objeciones morales que encontraron aquéllas a la imposición de cubrir en sus seguros la contracepción, la píldora del día después y la esterilización, podrán tenerlas ahora los dueños de las compañías de seguros".
A juicio de los obispos de Estados Unidos, "la única solución integral al problema de la libertad religiosa es derogar la imposición sobre estos controvertidos servicios". Y piden el apoyo de los ciudadanos para impulsar la Respect for Rights of Conscience Act, que se tramita en el Congreso.
Por el contrario, no faltan comentaristas, como Robert P. Jones en washingtonpost.com, el pasado 17, que tratan de justificar la decisión a partir de encuestas sobre aceptación del control de la natalidad en el conjunto del país. Curiosamente, se oponen más los evangelistas "blancos" que los católicos, siempre por encima del 50%. Desde luego, la mayoría (57%) está de acuerdo en que no se debería obligar a las iglesias a proporcionar a sus empleados control de la natalidad a través de seguros. Sólo entre mujeres de de 49 años o menos –pero sin distinguir por religiones‑, el 61% considera que también las instituciones de afiliación religiosa deberían proporcionarlo.
La realidad es que los diversos porcentajes acaban mostrando una fractura social semejante a la de la lucha pro-vida, que tanto ha evolucionado desde la sentencia del Tribunal Supremo Roe vs. Wade de 1973. Puede no tener consecuencias electorales: el apoyo a Obama entre los católicos parece mantenerse estable, según las últimas cifras de Gallup. Pero, al cabo, un presidente que no cumplió promesas radicales –Guantánamo, guerras de Oriente‑, puede estar contribuyendo a la radicalización de su país, aun desde la retórica del consenso.
