Venezuela: el olvidado principio de la injerencia humanitaria
La insólita decisión del gobierno de Maduro de cerrar las fronteras con Brasil y Colombia, para impedir la llegada de la ayuda humanitaria internacional, invita a reflexionar una vez más sobre un principio, que no acaba de triunfar del todo en el derecho internacional: injerencia o intervención humanitaria, deber de proteger…
Por rotundos que sean los mentís oficiales venezolanos, merecen más crédito las informaciones neutrales, entre las que –pienso- destaca un reciente documento de la conferencia episcopal, que lamenta cómo “el deterioro general de las condiciones de vida ha llevado al país a situaciones extremas, en particular en el campo de la alimentación y la salud”. Y añade: “El país necesita ayuda humanitaria. El régimen está obligado a satisfacer las necesidades de la población y facilitar la entrada y distribución de ayuda, evitando todo tipo de violencia represiva. Pedir y recibir ayuda no es una traición a la patria; más bien es un deber moral que nos concierne a todos, dadas las dramáticas deficiencias y las urgencias sufridas por el pueblo venezolano”.
Las fotos de camiones con ayuda humanitaria ardiendo no son imágenes propagandistas. Como tampoco se puede considerar así, en rigor, que Juan Guaidó, presidente interino según la decisión de la Asamblea Nacional elegida en su día con el voto democrático del pueblo, haya puesto en primer plano de su acción política romper el bloqueo de las fronteras.
En el actual estado del desarrollo doctrinal de la doctrina de la intervención humanitaria, el problema radica en la necesidad de una aprobación previa por el Consejo de seguridad de la ONU. No parece que, hoy por hoy, sea posible alcanzar un acuerdo en Nueva York, como acaba de comprobarse esta semana.
Las dos propuestas sobre Venezuela fracasaron. Un proyecto de resolución promovido por Estados Unidos, que reconocía a Juan Guaidó y llamaba a la celebración de elecciones, instaba también a facilitar la entrada de ayuda humanitaria. El texto recibió nueve votos a favor, tres en contra –entre éstos, Rusia y China, con derecho de veto-, y tres abstenciones. El embajador de Rusia lo había calificado de “hipócrita”: Washington lo habría lanzado, a sabiendas de que sería vetado, para socavar la unidad del Consejo y condenar a los “supuestos detractores” del restablecimiento de la democracia.
La segunda, presentada por Rusia, también era favorable a la ayuda humanitaria –dentro de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia-, pero abogaba por el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos mediante el llamado “Mecanismo de Montevideo”. La propuesta obtuvo cuatro votos a favor, siete en contra, y cuatro abstenciones. Para Estados Unidos, refleja la protección a Nicolás Maduro por varios miembros del Consejo de Seguridad, aunque suponga prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.
Paradójicamente, para una vez que la diplomacia de Donald Trump se apoya en el multilateralismo, no consigue la aprobación internacional. Se le reprocha no limitarse a canalizar la ayuda humanitaria a través de las agencias de la ONU, en vez de hacerlo directamente para apoyar al presidente interino Juan Guaidó. Pero Rusia y China, aunque invoquen Montevideo, olvidan que la propia Organización de Estados Americanos, el pasado 14 de febrero, reunió cien millones de dólares para el pueblo venezolano.
Una vez más, la concepción absoluta de la soberanía estatal aporta desgracias a las sociedades humanas. La protección de los derechos humanos forma parte del bien común: para muchos internacionalistas, el orden jurídico no puede aceptar la soberanía de un régimen que viola sistemáticamente esas libertades básicas; pierde ipso facto el derecho a no sufrir intervenciones desde el exterior, pues los Estados terceros bien intencionados obtienen el de intervenir.
En 1988, el Consejo de Seguridad aprobó el libre acceso a las víctimas de catástrofes naturales, tras el seísmo que sufrió la Armenia soviética. También se invocó el derecho de injerencia en 1991, para proteger a los kurdos iraquíes contra Saddam Husein. En fin, la Asamblea general adoptó en 2005 una resolución sobre la responsabilidad de proteger: si un Estado no puede o no quiere hacerlo, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, comprendido el uso de la fuerza militar como último recurso. Desde luego, nadie quiere baños de sangre. Pero el statu quo venezolano, con la inoperancia del Consejo de Seguridad, resulta insostenible.
