Acierto del Supremo, desvergüenza del Gobierno
La semana pasada no fue de las mejores para ETA en su siniestra existencia. El Tribunal Supremo le proporcionó tres importantes golpes: la ilegalización de dos de las franquicias políticas de la banda –Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas- y de una de las patas mas relevantes en los últimos años del entramado etarra, las denominadas Gestoras pro-amnistía.
Todo lo que es malo para ETA significa que es muy bueno para nuestra convivencia, para nuestra libertad. Por eso, los que siempre hemos creído y defendido que el camino correcto para luchar contra el terrorismo es la aplicación estricta de la ley, la noticia de la ilegalización de ANV, PCYV y Gestoras pro-amnistía, constituye en si misma un motivo de alegría y de reafirmación en la validez y en la eficacia de esa vía.
Pero ese sentimiento de alegría se ve empañado en esta ocasión por el bochorno que produce recordar lo que fue la actuación de Zapatero, de su Gobierno y del Fiscal General del Estado respecto a ANV y al PCTV en unos tiempos todavía muy cercanos. Pues aunque la memoria suele ser frágil y los ciudadanos tienden a olvidar y a no complicarse en exceso la vida, conviene repasar algunos antecedentes.
Como todo el mundo recuerda, Zapatero llegó a la Moncloa en marzo de 2004. Para entonces –esto se supo posteriormente- ya había autorizado a gentes importantes de su partido como el Presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que sondeara la disposición de ETA y de Batasuna a entablar un proceso de negociación en el supuesto de que el PSOE, como así sucedió, ganara las elecciones generales del 2004.
En abril del 2005 se celebraron las elecciones autonómicas vascas. Batasuna estaba ilegalizada, pero Zapatero que se encontraba inmerso en su mal llamado “proceso de paz”, no tuvo inconveniente en permitir que otra “marca” de ETA, en este caso el Partido Comunista de las Tierras Vascas, se pudiera presentar a esas elecciones, obteniendo 150.000 votos y 9 escaños en el Parlamento Vasco. Para justificar aquella decisión de no instar a la Fiscalía a actuar contra esa nueva “franquicia” de ETA, los españoles tuvimos que oír las cosas mas peregrinas por parte de Zapatero y de otros portavoces gubernamentales y del PSOE. En definitiva no se quería reconocer lo que los ciudadanos sabían de sobra: que el PCTV era una mera continuación de Batasuna y que el Presidente estaba empezando a pagar un precio político a ETA para que esta, en un primer momento, declarara una tregua.
Con ANV sucedió algo similar. Las elecciones municipales y forales de mayo de 2007 cogieron a Zapatero en un momento muy delicado de su mal llamado “proceso de paz”, porque ya se había producido el atentado de la T-4 de Barajas, pero el Presidente, como también se ha sabido con posteridad, a pesar de dicho atentado, autorizó seguir las conversaciones con ETA. Y como prueba de buena voluntad hacia la banda terrorista, permitió que ANV se presentara en aproximadamente la mitad de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra.
En aquella ocasión, el inefable Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, llegó a decir que haber prohibido todas las candidaturas de ANV hubiera constituido un “exceso” y el no menos inefable Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pompidu habló de que no se podía convertir a la izquierda abertzale en un “Guantánamo electoral”. Después de las sentencias de la pasada semana del Tribunal Supremo, en cualquier país con unos niveles de democracia minimamente aceptables, tanto Bermejo como Conde Pompidu estarían a estas horas en sus respectivas casas, intentando que se les pasase cuanto antes el sonrojo por el ridículo y el papelón que tuvieron que llevar a cabo en servicio de su jefe, el Presidente del Gobierno.
Lo importante, reitero, es que a día de hoy, ETA vuelve a estar fuera de las instituciones, que es, por cierto, la situación que se encontró Zapatero cuando llegó a la Moncloa. Si ha vuelto a ellas y los concejales de ANV van a poder conservar sus escaños ha sido exclusivamente por las concesiones de Presidente del Gobierno durante su proceso de negociación política con ETA pensando que con ellas iba a calmar a la bestia. Si nadie va a asumir responsabilidades políticas por todo esto, al menos que queden claro los hechos no sea que la Ley de Memoria Histórica nos los cambie cuando menos lo pensemos.
